"Tenemos dos sexenios de muerte, desolación y una ola de violencia imparable", afirma con razón y claridad Olga Sánchez Cordero. La futura secretaria de Gobernación concluye que "no podemos seguir así, con una política anticrimen y antidrogas que no ha dado resultado más que violencia". Es verdad, tiene razón. Lo que hemos vivido y estamos viviendo es abrumador. Muchas voces lo han denunciado durante años, pero ahora lo hace una persona que ocupará uno de los cargos más importantes en el gobierno. Así que vale la pena tomarla en serio.
Lo que más celebro del enfoque es que, además de partir de un diagnóstico realista, asume que el problema es multifactorial y que así debe atenderse. No es una guerra entre el Estado y el crimen organizado, sino un problema con aristas sociales, económicas, políticas y jurídicas muy complejas. Por eso tiene sentido sostener que primero debe cambiarse el encuadre para colocar a las personas en el centro de la ecuación. Eso es lo que mandata el primer artículo de nuestra Constitución. Además, adoptar un enfoque de derechos humanos nos puede ayudar a modificar de raíz la lógica que subyace detrás de la estrategia militar que inició desde Fox, que se encarnizó con Calderón y se mantuvo con Peña Nieto.
El problema es que esto no será suficiente. Es verdad que debe mirarse el entuerto de manera integral, generando políticas para reconstruir el tejido social, brindar oportunidades a los jóvenes, asumir los costos sociales de la penalización de las drogas y, así sucesivamente; pero llevamos a cuestas inercias políticas muy pesadas y carecemos de capacidades institucionales necesarias para encarar el reto. Pienso, por ejemplo, en la tendencia a incrementar las partidas presupuestales para las Fuerzas Armadas y en su empoderamiento territorial en vastas extensiones del país. ¿Cómo lograr un repliegue que sea aceptable y, al mismo tiempo, digno para esas instituciones que han ganado poder pero también se han desgastado en esta triste década? ¿Qué hacer –por citar un asunto particularmente polémico que está en la mesa de la SCJN– con la Ley de Seguridad Interior? Hoy es norma vigente y, si no es declarada inconstitucional, podrá ser usada por el futuro presidente. La interrogante es si el nuevo gobierno renunciaría a los poderes que esa ley le otorga al titular del Ejecutivo y a las fuerzas militares bajo su mando. O, mejor aún, si podrá hacerlo.
Esta última cuestión me conduce por la senda de las incapacidades institucionales. Hace algunos meses, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y el Inacipe organizaron una consulta nacional sobre la situación de la procuración de justicia en el país. Los resultados fueron devastadores. El desorden normativo, la ausencia de información sistematizada, las carencias en la capacitación de las policías, las rutinas autoritarias de los agentes del Ministerio Público, entre otras muchas falencias, arrojaron un diagnóstico alarmante. La conclusión fue simple: con las procuradurías que tenemos no lograremos salir de la crisis en la que estamos.
Por eso, además de las políticas en materia social y de drogas, es indispensable revisar el diseño institucional para contar con un modelo nacional y civil de procuración de justicia que funcione. Sin esta pieza será imposible salir del cementerio en el que -según la propia ministra en retiro– se ha convertido el país. Desconocer esto equivaldría a negar que el fenómeno de la delincuencia existe y que la violencia desatada no sólo proviene desde el Estado. La verdad –aunque nos duela reconocerlo– es que la situación en la que nos encontramos exige políticas sociales, enfoque de derechos humanos, regulación en materia de drogas pero también una política criminal seria, eficiente y profesional. Sin esta última la desmilitarización será imposible y la pacificación se convertirá en una entelequia.
Ojalá que el futuro gobierno lo entienda. Ahora sí que, por el bien de todos.