Pedro Salazar

En dos décadas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido un talud del constitucionalismo democrático ante los embates autoritarios, reaccionarios o integristas en los países de la OEA.

De estas elecciones –como de todas– nos acordaremos mucho en veinte años. Ello por buenas y malas razones. Dentro de dos décadas también recordaremos que en este año sucedieron otros eventos políticos que marcaron la vida del país y cuyos efectos pervivirán entonces. Para mí existen dos fenómenos que están sucediendo ahora y que podrían tener efectos muy perniciosos en el futuro. También vislumbro otro proceso institucional que podría ser un bálsamo ante las secuelas de los dos fenómenos perniciosos. Vayamos por partes.

Las declaraciones en debates, entrevistas y redes sociales del gobernador de Nuevo León con licencia y candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, han sido recibidas por la opinión pública con indolencia y, sin embargo, pueden ser una bomba de tiempo. El gobernador se ha dedicado a golpear a todas las instituciones que hacen a una democracia posible con un discurso antipolítico, simplón y efectivo. Esa retórica puede encontrar tierra fértil en un ambiente de tanta desafección a la política y tanto desánimo ciudadano. Los frutos de ese germinar –si nos atenemos a lo que dictan las encuestas– no serán visibles en lo inmediato, pero en unos años pueden ser el óxido que carcoma a nuestras frágiles instituciones republicanas.

Si pensamos en la otra veta de su demagogia, las cosas pueden ser incluso peores. Proponer la mutilación y la flagelación como medidas punitivas, militarizar las escuelas, usar la violencia como discurso político, son piezas de una agenda premoderna y autoritaria. Con esta amalgama de infortunios El Bronco puede estar alimentando la peor versión de una derecha reaccionaria. En veinte años –o incluso quizá en menos– lo que estamos viendo hoy podría ser la versión mexicana de los movimientos de corte fascista que han cobrado fuerza en países europeos que asisten al declive de las democracias de posguerra.

La irrupción parlamentaria del Partido Encuentro Social también merece atención y preocupación fundadas. El problema en este caso no son las alianzas 'contranatura' –que en realidad están detrás de todas las candidaturas–, sino la agenda religiosa que inspira al movimiento. Se trata de un proyecto de corte evangelista que defiende una agenda conservadora en todos los temas relacionados con la diversidad, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres. Este fenómeno amenaza al proyecto de Estado laico –bastante abandonado, también hay que reconocerlo, por todas las otras fuerzas políticas– que distinguió al México moderno y liberal. Otorgarle una bancada legislativa a esa fuerza política puede ser el caballo de Troya de muchas de nuestras libertades. Hoy parece una amenaza pequeña pero, con el tiempo, en un par de décadas, puede dar lugar a la colonización de las agendas religiosas del espacio público. Una victoria más para la derecha antidemocrática.

Decía al inicio de este texto que junto a estos fenómenos de talante ominoso hay otros procesos que podrían tener efectos venturosos. Incluso me atrevo a decir que podrían ser antídotos en contra de estas calamidades potenciales. Me refiero, en concreto, a designaciones que podría realizar en estos días la asamblea general de la OEA de jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta institución, desde hace décadas, ha sido un talud del constitucionalismo democrático ante los embates autoritarios, reaccionarios o integristas en los países de la región. Cuando las democracias han entrado en crisis, el Sistema Interamericano ha apostado por su rescate. Por eso es tan importante garantizar que sus instituciones estén integradas por personas probas, solventes y comprometidas. Ahora son tres jueces los que están en juego. Uno de ellos es el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor que, en sus vestes de juez y de presidente de esa Corte, ha dado muestras de responsabilidad y solvencia técnica. Su ratificación puede ser un salvavidas para las décadas que vienen.

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