Una coz a nuestras instituciones
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Una coz a nuestras instituciones

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Una coz a nuestras instituciones

17/04/2018
Actualización 17/04/2018 - 8:54

Una coz es el golpe que da un equino con las patas traseras. Quien recibe una patada de esas dimensiones, regularmente se lleva una violenta sacudida que le genera fracturas y moretones. Algo así le sucedió a nuestras instituciones hace una semana por una decisión electoral desafortunada. Nuestro país amaneció con la noticia del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordenaba al Instituto Nacional Electoral (INE) darle el registro a la candidatura para la presidencia de la República a Jaime Rodríguez Calderón.

Bajo el argumento de que se le negó la posibilidad de audiencia y dándole prioridad al derecho del Bronco a ser votado, el Tribunal avaló la participación en la contienda de un candidato independiente que, según las cifras del INE, entregó más apoyos con inconsistencias que respaldos ciudadanos validados ante la autoridad. También sorprende que pese a que la unidad de fiscalización del INE haya detectado más de 17 millones de pesos irregulares en la campaña de Rodríguez, cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral consideraron que los derechos del aspirante habían sido vulnerados y que ninguna prueba presentada en contra de su registro era relevante.

El pequeño detalle es que el argumento central de la defensa se cae al revisar, con una sencilla búsqueda en internet, que los aspirantes a la candidatura presidencial sí celebraron audiencias frente al INE. De hecho, El Bronco tuvo 12 audiencias frente a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, lo que le brindó la oportunidad de defender y rescatar respaldos ciudadanos. Pero si eso no fuera suficiente, ¿por qué mandar al INE a inscribir a Rodríguez Calderón a la boleta y no exigirle que se le brindara el derecho de audiencia que solicitaba?

La respuesta a esa pregunta no se debe limitar a señalar a los cuatro magistrados que le dieron el derecho que las firmas no le otorgaron al gobernador con licencia de Nuevo León. Tampoco debemos cesar en el análisis con apuntar que un quinto candidato a la presidencia podría haber sido operado para debilitar al actual puntero. Debemos ir más allá y rastrear los orígenes que llevaron a politizar una institución fundamental en la certidumbre de las elecciones. Ese rastreo nos lleva al Poder Legislativo, cuna de buena parte de los nombramientos en nuestro sistema político.

Una de las peores prácticas que vemos en nuestro país por parte de los congresos locales, así como las cámaras federales, es la partidización de las instituciones. El modelo funciona de la siguiente manera: los primeros meses de la Legislatura la Junta de Coordinación Política desarrolla la lista de nombramientos que definirán, a partir de ello las fracciones parlamentarias hacen una repartición de los cargos a elegir y durante su periodo se encargan de cumplir las cuotas pactadas en designaciones. Para ellos, la conveniencia del grupo es mucho más importante que fundar instituciones. Para ellos, la política es negocio.

Por eso es fundamental que el Poder Legislativo sea transparente, objetivo y abierto frente a las designaciones, ratificaciones o nombramientos que realiza. La lógica actual para el reparto de las instituciones debe cesar, pues pervierte el sentido imparcial y universal de las mismas. Frente a ello se podría impulsar lo que organizaciones civiles como Fundar han señalado por años: que el Poder Legislativo desarrolle y oficialice evaluaciones que sean definitivas en la selección de los perfiles, con el objetivo de buscar personas altamente capacitadas; que las convocatorias brinden el tiempo necesario para que sean de conocimiento popular; que los requisitos de elegibilidad brinden la certidumbre de invitar a puestos fundamentales a personas que no tienen una lealtad partidista o con un grupo de poder y, desde luego, que los legisladores hagan público su voto y razonen el sentido del mismo.

Esta práctica de extraer beneficios de los espacios públicos puede y debe cesar. Esta coz a las instituciones puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo llegamos hasta el día de hoy y cómo evitarlo en un futuro. Que esta patada de equino nos cimbre y nos haga ver más allá del enojo momentáneo hacia un deseo de instituciones imparciales, profesionales y universales.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.