La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la eliminación del fuero para los servidores públicos. Frente a la posibilidad de que esta figura pudiera desaparecer, vale la pena detenerse un momento para analizar qué implicaciones tendría y qué otras reformas son necesarias para que podamos expulsar a la corrupción de la política.
Considero sumamente relevante identificar esta reforma como una victoria de la presión y activismo por parte de la sociedad. Por años, la eliminación del fuero se convirtió en una bandera de la ciudadanía, motivada por el hartazgo y la indignación por los innumerables actos de corrupción de la clase política. Reconocerla como una victoria social es quizá lo más importante de esta reforma, pues se logró marcar la agenda a la jerarquía partidista, rompiendo con la narrativa muy difundida de que es imposible influir en la política del país.
No debemos olvidar que lograrlo tomó muchos años, foros, corajes y frustraciones. No fue sencillo, fue gracias a que millones de personas hicieron suya la causa. Es fundamental recordar esto porque vendrán más batallas y tratarán de desilusionarnos para desactivar la posibilidad de construir nuevos horizontes. Que quede claro, el cambio es posible en México, pero nadie nos lo va a regalar.
Teniendo esto en mente, también es importante que logremos dimensionar estos cambios como una gran noticia, pero no como una victoria definitiva. Metimos un gol, pero el partido aún no se ha terminado.
La eliminación del fuero no es suficiente para lograr el objetivo de erradicar la corrupción y la impunidad en la política mexicana. Para ello es necesario impulsar una agenda más compleja, pero no por ello imposible. Creo que para lograr las metas previstas es necesario impulsar tres grandes reformas: lograr la autonomía de la Fiscalía General de la República y del Sistema Nacional Anticorrupción; garantizar la independencia del Poder Judicial; y desarrollar herramientas de control para los funcionarios a través de la revocación de mandato y los juicios políticos.
Primero, es necesaria la autonomía de la Fiscalía General a través de lograr el nombramiento de un fiscal sin intereses políticos, teniendo como meta que llegue sólo quien presente una trayectoria profesional irreprochable, alejada del vaivén electoral o de los poderes fácticos. También es fundamental que el Ministerio Público sea designado por un riguroso proceso de evaluación, en donde demuestre que tiene todas las competencias criminalísticas y científicas para lograr resolver sus casos. Finalmente, es vital que el joven Sistema Nacional Anticorrupción pueda operar bajo criterios de imparcialidad, objetividad y completa independencia del poder político, cesando las presiones para imponerle funcionarios o agendas por parte de los grupos de poder.
Además, es fundamental apuntalar al Poder Judicial de nuestro país. Será de gran relevancia su mejora dado que, al no existir el fuero, nos podríamos enfrentar a la posibilidad de la politización de los procesos jurídicos.
Recordemos que no son pocas las voces que han señalado a ese espacio como parcial o laxo frente a la corrupción, sobre todo en las esferas estatales. Vale la pena que comencemos a analizar nuevos caminos para la designación de jueces y magistraturas, que les permita tener una mayor libertad frente a los otros dos poderes, así como implementar sistemas de información abierta que hagan más transparente y cercana la justicia.
Finalmente, será importante dar como país una discusión nacional alrededor de aquellas herramientas que nos permitan exigir cuentas a nuestros gobernantes e, incluso, poderles retirar del cargo a través de figuras como la revocación de mandato si es que no han hecho una gestión adecuada. Esto permitirá a las personas quitar a la mitad de su periodo a un funcionario nocivo. También podríamos construir controles reales modificando la manera en que hoy se realizan los juicios políticos. Esto podría permitirnos juzgar a aquellos funcionarios que no hacen bien su trabajo o que abiertamente usan su encargo para fines contrarios al mismo.
Estos tres cambios buscan combatir algo que no está escrito en ningún código o ley: la tradición de encubrimiento y la politización de la justicia. Como dije anteriormente, creo que estos cambios tomarán tiempo y paciencia, pero valen la pena si queremos cambiar la cultura de ilegalidad de nuestro país. Ya metimos un gol contra la corrupción, ahora nos toca ganar el partido.