El pasado viernes, el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó suspender la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones, también conocida como Ley de Austeridad, la cual topa los salarios de funcionarios públicos por debajo de lo que ganará el presidente de la República. El ministro argumentó que tomó la medida para poder contar con el tiempo necesario para que, durante el periodo que analiza y determina su constitucionalidad, ninguna persona se pueda ver afectada por dicha ley. Una medida enormemente impopular y que ha generado reacciones por todos lados.
Desde el Senado se habla de la impugnación de dicha medida, uno que otro también sugiere la remoción de los ministros para poder designar a un nuevo Poder Judicial. En la Cámara de Diputados se lanzan descalificaciones hacia los jueces. López Obrador de plano les exige que saquen los retratos y figurillas de Juárez de sus oficinas, pues considera que las imágenes de quien promovió que los funcionarios públicos vivan en la "justa medianía" no deben estar en el mismo sitio que aquellos que no acatan la austeridad republicana impulsada.
Lo cierto es que los frentes se han abierto y que los impartidores de justicia, que comparten simpatías con aquellos funcionarios que se han amparado por la reducción de salarios, no se han quedado callados y han señalado que esta disminución de prerrogativas y otros cambios propuestos podrían vulnerar su autonomía.
Para variar, estamos en un momento donde se continúa con la inercia de la polarización, donde sobran los adjetivos calificativos y faltan las discusiones de fondo. En este sentido, quisiera agregar un par de ideas alrededor del tema.
Yo también creo que nuestro país ha pagado excesivamente a algunos funcionarios. Lamentablemente se instaló por varios sexenios el paradigma que rezaba que ganar una elección era sinónimo de volverse rico. Si aparte te sonreía la suerte y obtenías una diputación federal, te habías sacado la lotería: fuero, fondo de moches y dinero en efectivo sin comprobación solicitada. Por eso durante mi gestión como diputado local doné 70 por ciento de mi sueldo (incluyendo aguinaldos y vacaciones) por considerar que un representante público no debe recibir 45 salarios mínimos o más como actualmente sucede.
Eso me llevó a un aprendizaje sustantivo: debemos ver no sólo la cantidad final de un sueldo sino su proporción frente a la paga mínima que recibe una persona trabajadora. Esto permite identificar la desproporción en la que viven algunos funcionarios públicos frente a sus gobernados, lo que sucede ya en países de la región como Chile o Colombia, que han impulsado que sus legisladores ganen un umbral de 10 a 20 salarios mínimos.
Por años hemos seguido la receta que indicaba que en la medida que se retribuye se evita la corrupción. Los últimos sexenios pueden demostrarnos que no existe dicha correlación. A veces el salario de los gobernantes es sólo una pequeña fracción de los sobornos que reciben mientras están en funciones. Por eso es que es tan importante alentar todos los esfuerzos para el combate a la corrupción.
Entre las estrategias pendientes está legislar para que las decisiones sobre presupuestos tengan como base elementos técnicos y no prebendas o propinas entregadas a legisladores; o sancionar que se utilice información privilegiada por parte de burócratas para su propio beneficio. Así pues, se vuelve fundamental regular el cabildeo y hacer efectivas las normas sobre regalos o compensaciones.
Entonces, ¿cuánto debería ganar un funcionario público? Quizás esta es una las oportunidades para discutir sobre el tipo de función pública que buscamos, una con vocación, con profesionalismo y con diligencia.
Hay personas que creen que el talento sólo se puede atraer con pagos exorbitantes, yo disiento. Creo que lo fundamental será construir una función pública atractiva a partir de su ética, innovación, su creatividad y, desde luego, su vocación de servicio a la sociedad. Hay ejemplos de sobra de esto en la docencia universitaria, en los científicos trabajando en el gobierno o en el personal médico de los hospitales públicos.
Pero así como creo que no son necesarios derroches económicos, tampoco creo que los sacrificios y la precarización deben ser la medida. En ese sentido, deberíamos buscar que esa medianía de la que se ha hablado pueda cubrir de manera satisfactoria las necesidades familiares.
Como podemos ver, más allá de simpatizar con la medida que recorta salarios y acaba con privilegios de la clase política, creo que estamos frente a la oportunidad para discutir a profundidad cuántos recursos debe ganar un burócrata y sus razones. El debate sobre los salarios y prestaciones debe continuar.