Opinión

Paz sin justicia

1
   

   

Mapa del Índice de Paz en México (Tomada de Twitter)

En los últimos años la publicación de índices y rankings se han extendido rápidamente. Se utilizan lo mismo para evaluar el riesgo de default asociado a la deuda de distintos acreedores, que la equidad de género en el mercado laboral de cada país, o la calidad de los programas de posgrado de las universidades.

La elaboración de rankings es una pequeña industria, en la que no hay grandes cantidades de dinero directamente involucradas, pero sí hay grandes intereses en juego.

Las instituciones que logran consolidarse como la autoridad calificadora en alguna materia gozan de una posición privilegiada. Con una inversión más bien modesta, logran ejercer una influencia considerable (influencia que con frecuencia aprovechan para impulsar su propia agenda). Lo anterior no quiere decir que los rankings no sean útiles.

Siempre es preferible tomar decisiones con base en información imperfecta que sin información alguna. También existen factores que incentivan un mínimo rigor metodológico en la elaboración de los principales rankings, empezando por el valor que la reputación tiene en el negocio de ranquear.

En materia de rankings hay de todo, desde instrumentos de propaganda bastante burdos hasta trabajos de gran mérito y seriedad analítica. Por ello, siempre vale la pena revisar quién está detrás de un ranking, así como la metodología y las fuentes utilizadas.

Recientemente, el Institute for Economics & Peace (IEP) publicó el Mexico Peace Index (MPI), un instrumento que busca medir los niveles de paz en el país, entender las tendencias y patrones que la determinan, así como el impacto que la inseguridad tiene sobre la economía.

El IEP es un centro de investigación, con oficinas en Sídney. Su financiamiento proviene primordialmente del bolsillo de filántropos australianos. Aunque su carácter de organización extranjera de ninguna manera lo exenta de tener su propia agenda, para efectos de su labor de investigación en nuestro país es una ventaja que no tenga vinculación directa con ningún grupo de interés mexicano.

El MPI sigue una metodología robusta. Para su cálculo se consultaron distintas fuentes –lo que permite mitigar los sesgos de cada una– y los indicadores se ajustaron tomando en consideración la cifra negra. En esto, el MPI contrasta con el “Índice de Violencia Municipal” publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (para el cálculo de dicho índice se utiliza un sistema opaco de puntajes por delitos, y no se toma en consideración la cifra negra, lo que inevitablemente favorece a unas entidades sobre otras).

El MPI ha tenido una resonancia importante en los medios y en las redes sociales. El dato que dio la nota fue la estimación de que la violencia le cuesta al país 17 por ciento del PIB. Soy un tanto escéptico de la utilidad de estimaciones de este tipo, de interpretación poco clara (cómo se cuantifica, por ejemplo, el costo de una vida humana). Sin embargo, en el reporte del MPI se presentan otras conclusiones interesantes, con las que coincido en términos generales.

En particular, el ranking por entidad federativa podría convertirse en un referente para evaluar el desempeño de las autoridades estatales. En el MPI de 2015 Hidalgo fue el estado mejor evaluado, mientras que Guerrero recibió la calificación más baja.

De acuerdo al MPI, de 2012 a la fecha la evolución de los indicadores de seguridad ha sido positiva, aunque todavía estamos muy lejos de alcanzar condiciones aceptables. Por otra parte, se observa una brecha entre los avances en materia de incidencia de delitos de alto impacto (principalmente la violencia del crimen organizado), y la ineficacia que siguen mostrando persistentemente los instituciones de procuración e impartición de justicia.

El indicador de “eficiencia de la justicia” del MPI es un tanto limitado. Se construye a partir de la proporción entre el número de sentencias por homicidio y el número total de homicidios. Es decir, se hace una estimación del porcentaje de homicidios que quedan impunes, y con base en dicho porcentaje se asigna una calificación para todo el sistema impartición de justicia. Sin embargo, este indicador indudablemente refleja una trágica realidad.

En la gran mayoría de los casos de homicidios por “presunta rivalidad delincuencial”, y en general en la mayoría de los homicidios, las procuradurías y los tribunales simplemente han renunciado a cumplir su obligación. En resumen, el MPI confirma que –lentamente y pagando un enorme costo económico y humano– el Estado mexicano está logrando imponerse a los criminales en las calles.

Sin embargo, el fracaso de los sistemas de procuración e impartición de justicia sigue siendo contundente. Al parecer, México regresa lentamente a su pasado de paz sin justicia.

Twitter: @laloguerrero

También te puede interesar:
​Sistema anticorrupción, peor es nada
¿Cómo superar la crisis de credibilidad y confianza?
Autarquía militar y fuerza letal