Opinión

Patear la pelota

 
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CNTE. (Cuartoscuro)

Según diversos testimonios, los gobiernos –federal, de Oaxaca y de Chiapas– estarían liberando pagos a los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de la negociación para distender el conflicto. A los maestros faltistas de Oaxaca se les habrían pagado –el viernes pasado– los descuentos que ya se les habían hecho. También habría reinstalación de maestros cesados por no presentar la evaluación educativa. José Luis Escobar, miembro de la Sección 7 de Chiapas, dijo que además de los pagos salariales se liberarían algunos presos y habría restitución de algunos cesados como “los primeros logros obtenidos” en las negociaciones con el gobierno federal.

En las últimas semanas han sido liberados seis líderes de la CNTE, como Heriberto Magariño y Juan Carlos Orozco, quienes enfrentaban acusaciones de delitos como robo con violencia, lavado de dinero, tentativa de homicidio y daños a la propiedad ajena o al patrimonio nacional.

La Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 76, dice que quien incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada, será separado sin responsabilidad para la autoridad. El gobernador de Oaxaca había asegurado en diversas ocasiones que se mantendrían firmes: “maestro que no asista a clases […] van a recibir una sanción”.

Si se recontrata a los faltistas o se reinstala a quienes ni siquiera asistieron a presentar su examen de evaluación, la reforma educativa sufre un enorme revés. ¿Y qué dirán los maestros de Sonora o Jalisco, por ejemplo, que sí han cumplido con sus obligaciones? Para algunos la señal sería perversa: más vale movilizarse y bloquear que estar dando clases frente a los niños.

La tentación de transar la ley en aras de mantener el diálogo y dar resultados políticos es mucha. Dar resultados para parecer un funcionario eficaz. Se argumenta que en política hay que evitar que se 'prenda la pradera' a toda costa. Que es mejor la aplicación selectiva, sensible y negociada de la reforma educativa que el esparcimiento de la violencia. El problema es que si el gobierno cede nuevamente, su credibilidad se diluye en un tema que gozaba de enorme aceptación pública –la más importante de las reformas estructurales, se decía–. No sólo pierde credibilidad, también aliados: los disidentes no le aplaudirán al gobierno y sus aliados naturales le darán la espalda: padres de familia, organismos de la sociedad civil, sector empresarial y algunos medios de comunicación.

Lo que realmente está en juego es el modelo de gobernabilidad que queremos como país: uno basado en la presión, el clientelismo, el dinero en efectivo y la negociación de la ley, u otro basado en la legalidad, la transparencia y, en el caso educativo, en el mérito como mecanismo de avance personal y profesional. Transar la reforma para evitar que la violencia se detone puede parecer un cálculo racional en el muy corto plazo, pero es sacrificar el futuro del país. Es patear nuevamente la pelota.

La negociación tradicional en mesas de la Secretaría de Gobernación está agotada. Seguir la misma ruta que antes sólo conducirá a las mismas soluciones que en realidad no lo son: dinero en efectivo, inaplicación de sanciones, basificación de plazas, entre otras. Según Enrique Juárez, integrante de la Sección 18 de Michoacán, la exigencia principal de ellos es basificar a 15 mil maestros interinos. Pero ceder en todo esto, además de ser ilegal, no soluciona nada. Hoy duermes tranquilo para despertar dentro de un año con las mismas exigencias al margen de la ley.

Se requiere cambiar los términos del debate político. Forzar a que la CNTE se pronuncie respecto a sus convicciones democráticas y su concepción sobre los derechos de la mayoría. La reforma educativa fue procesada en deliberaciones de cientos de diputados y senadores de todo el país electos en procesos democráticos, con todas las deficiencias que puedan tener. La negociación de la CNTE atenta contra ese principio democrático. Si la CNTE argumenta que la reforma educativa atenta contra los derechos de los trabajadores, sus mecanismos de presión atentan contra la democracia y los derechos de la mayoría.

En lugar de sentarse a dialogar en reuniones privadas, el gobierno debería convocar a los maestros disidentes a acudir al Congreso de la Unión y a las 32 legislaturas estatales para convencer a los representantes populares de las bondades de derogar la reforma educativa. Aún más, los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán podrían convocar a una consulta popular en 2018, usando la nueva legislación que obliga a las autoridades a legislar si así lo decide una mayoría de votantes. La elección de 2018 podría dar lugar a una amplia discusión de la reforma educativa y del tipo de mecanismos para dirimir controversias. Seguir la ruta de la CNTE es insostenible fiscalmente y es inadmisible para un país que aspira a regirse por la ley y por el mérito.

El secretario de Gobernación festeja el diálogo para evitar la violencia. Pero si ese diálogo implica violar la ley y patear la pelota como en el pasado, debe cuestionarse la lógica de ese diálogo que en el fondo premia nuevamente el clientelismo y la presión en las calles. Por ello no sorprendente que ayer, tras concluir su mitin en el Zócalo, campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se hayan instalado en plantón en calles aledañas a la Secretaría de Gobernación. La ruta es clara: haz plantones que algo te tocará.

Twitter: @LCUgalde

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Muy malas noticias
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