Opinión

Paridad de género:
un paso hacia la igualdad

07 noviembre 2017 5:0
 
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Marichuy

La igualdad de género y la no discriminación son preceptos constitucionales que activistas, movimientos sociales e, incluso, instituciones han impulsado con el fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y el ejercicio de sus derechos; sin embargo, su configuración y operatividad jurídica no han sido suficientes para eliminar los obstáculos que las aquejan en diversos ámbitos, entre ellos la integración del poder público, en el que continúan subrepresentadas, en función de su presencia numérica y su contribución al desarrollo del país.

Con el propósito de acotar tal situación en el campo electoral, desde 2014 se incorpora el principio de paridad en nuestra Carta Magna, que ha decantado en su reconocimiento expreso en la normatividad de las entidades federativas, el cual obliga a los partidos políticos a postular en el mismo porcentaje a hombres y mujeres a cargos legislativos y municipales, en fórmulas integradas por personas del mismo sexo; deber que también es aplicable a las opciones independientes.

Este cambio normativo se ha traducido en un mayor número de integrantes del sector femenino en las distintas posiciones políticas, en comparación con el pasado inmediato, como lo revelan cifras recientes. De acuerdo al Informe Legislativo 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, las mujeres ocupan en promedio el 35% de las curules de los congresos estatales, y a nivel federal las diputadas representan el 42.5% de la cámara baja; porcentajes mayores a los existentes antes de la reforma electoral, el cual, de acuerdo con ONU-Mujeres, era del 24% y 37%, respectivamente.

La búsqueda de igualdad ha comenzado a remover la arraigada concentración de poder en favor de los varones en el nivel de gobierno más cercano a la población; de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en la actualidad el 14.2% de los ayuntamientos del país son encabezados por mujeres, lo que resulta significativo si se compara con el 4.1% registrado una década antes por el Inegi.

El principio de paridad constituye un avance equiparable al otorgamiento del voto a las mujeres, al reformular el acceso a las posiciones de representación popular e incidir positivamente en su distribución más equitativa. Sin embargo, para alcanzar la proporción 50/50 en la renovación tanto del H. Congreso de la Unión, como en los ayuntamientos y congresos locales de las entidades en donde se efectuarán elecciones el próximo año; es necesario ir más allá de la postulación del mismo porcentaje de hombres y mujeres.

Una alternativa en tal sentido, es reservar a las integrantes del sector femenino, al menos la mitad de las demarcaciones en donde las fuerzas políticas tienen altas probabilidades de ganar, además de asignarles los primeros lugares de las listas plurinominales; a fin de que tengan mayores posibilidades de ser electas y, así, incrementar su presencia numérica. Para ello, se podrán considerar las encuestas y estudios de opinión que den cuenta de las preferencias en entidades, distritos y municipios, así como los resultados electorales registrados en comicios anteriores. Es de resaltar que existen casos como los de Querétaro y la Ciudad de México, cuyo marco jurídico amplía el alcance del principio de paridad, trascendiendo el plano de las candidaturas, al mandatar su aplicación también a la integración del congreso local y ayuntamientos/concejos.

Bajo este contexto, los resultados de los comicios del próximo 1 de julio de 2018, además de actualizar el mapa político en nuestro país, caracterizado desde hace más de dos décadas por la alternancia y la composición plural de los órganos de representación popular; también darán cabida al reacomodo en la correlación de poder entre los géneros, que es de esperarse se traduzca en una mayor simetría en favor de las mujeres. Bajo este contexto, la transparencia y la información adquieren un carácter sumamente valioso, al ser medios al alcance de las integrantes de este colectivo que les permiten conocer sus derechos y cómo defenderlos, tanto en el plano partidista como en los espacios administrativos y jurisdiccionales.

Con la suma de esfuerzos entre los distintos actores políticos se avanzará hacia el ideal de que los órganos de gobierno y los espacios legislativos respondan en su composición a la distribución demográfica de nuestro país, que es prácticamente igualitaria en cuanto a hombres y mujeres.

*La autora es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

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