Opinión

Para retomar la iniciativa,
EPN debe atender los DDHH

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Enriqe Peña Nieto. (Cuartoscuro)

Sin subestimar la resistencia que podría emprender la CNTE oaxaqueña, las medidas anunciadas por el gobierno federal el martes suponen un intento de la administración de Enrique Peña Nieto para salir del pasmo en el que se halla desde septiembre, cuando la tragedia de Ayotzinapa los exhibió indolentes e incapaces.

Pero si de recuperar la credibilidad se trata, se necesitará mucho más que una medida espectacular como la que se ha intentado esta semana contra la Sección 22. Lo que se requiere es enarbolar, de manera sostenida, una agenda que haga evidente el compromiso del gobierno en temas sustanciales para la población.

Difícil pedirle a esta administración que se comprometa con la transparencia o con el combate a la corrupción; en estas materias han llegado al límite: formulan leyes, mas éstas no se traducirán en hechos, eso no es parte de su cultura.

Queda entonces exigir que se comprometan a ir a fondo en otro tema nada trivial: atender a plenitud las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, en particular, pero no solamente, aquellas que involucran a las Fuerzas Armadas.

El gobierno que se presentó como uno que sabía cómo afinar la estrategia de combate al crimen organizado, la administración que presumió que habría menos sangre y más resultados, los funcionarios que ofrecieron resultados a partir de la prevención y la coordinación, tres años después tienen frente a sí un país en el que los homicidios dejaron de disminuir, el secuestro azota regiones enteras, la extorsión no cesa, y donde hay prácticamente nulo avance en la consolidación de eficientes cuerpos policiacos estatales.

Por si fuera poco, y de manera similar a lo ocurrido en el sexenio pasado, integrantes de las Fuerzas Armadas hoy son señalados como perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

Porque no es sólo Tlatlaya, ahí está el confuso tema de Ostula, en Aquila, donde falleció un niño; o lo ocurrido en Calera, Zacatecas, donde siete jóvenes aparecieron ejecutados luego de ser arrestados (¿o habría que decir 'levantados'?) el 7 de julio por soldados.

A lo anterior hay que agregar que hay un caso que desde hace meses requiere una señal clara por parte de Peña Nieto.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido sujeto a un trato majadero por parte del gobierno, que ha tenido tres posturas con respecto a la petición de ese panel para entrevistar, que no interrogar, a miembros del 27 Batallón para esclarecer los hechos de Ayotzinapa.

El gobierno dijo primero que no habría manera. Luego informó que sí. Y ahora lleva meses diciendo que está buscando “el mecanismo” para que tales entrevistas ocurran.

Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no puede incurrir en la incongruencia de presumir en Francia a los soldados y los marinos mexicanos, y luego negarse a que esas instituciones sean sujetas a puntual escrutinio por sus hechos.

El Grupo de Expertos de la CIDH formulará su informe a principios de septiembre. Si ese reporte denuncia que no hubo plena cooperación por parte del gobierno, la imagen de México, que el presidente debe cuidar, se verá de nuevo comprometida.

La agenda de los derechos humanos está pendiente. Golpes espectaculares como el del lunes otorgan un renovado margen de maniobra al gobierno. Pero la credibilidad no llegará a golpe de albazos.

Urgen definiciones claras en temas torales, como el de los derechos humanos. ¿Se atreverá Peña Nieto a ser audaz también en eso?

Twitter: @salcamarena

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