Opinión

¿Para cuándo y cómo la depuración de la nómina magisterial?

María Teresa Aguilar Álvarez*
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Regreso a clases. (Cuartoscuro/Archivo)

Desde enero de este año la Federación asumió nuevamente la obligación del pago de los salarios y prestaciones de la mayoría de los maestros de todo el país. Esta medida dio marcha atrás a la descentralización educativa pactada en 1992 en la que la Federación transfirió a los estados la prestación de los servicios educativos y con ello todas las obligaciones laborales.

El ejercicio de descentralización de la nómina magisterial fue un fracaso. La doble negociación del sindicato continuó, a pesar de que la Federación ya no era “su patrón”. El poder del SNTE no disminuyó, sino que puso a los gobernadores en una posición de debilidad frente a un sindicato muchas veces más poderoso que ellos. Cada año, cada marcha, cada bloqueo o paro de labores, los gobiernos locales fueron cediendo a pagar mayores recursos con cargo a la nómina educativa, lo que puso a las finanzas estatales bajo una gran presión y, en muchos casos, casi en estado de quiebra.

Para tratar de solucionar esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impulsó poner orden en la nómina docente a través de volver a centralizarla, desapareciendo el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y creando el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). En un esquema bastante raro, las autoridades educativas locales siguen siendo los “patrones” de los docentes pero la Federación, a través de la SHCP, paga directamente a los maestros en sus cuentas bancarias.

Si bien parece una buena idea, el mayor problema del FONE está en que la Federación “compró” la nómina como se la mandaron los gobiernos locales, sin depuración alguna. Es decir, se metió a la bolsa del Fondo federal todas las irregularidades del pago a aviadores, comisionados sindicales y administrativos, etcétera.

Llevamos tres meses y medio de que la Federación ha asumido ese control de la nómina magisterial y no observamos inicio de depuración alguna.

¿Cómo van a hacer la SEP y la SHCP para conocer de las irregularidades de la nómina? ¿Seguirán confiando ciegamente en la información que los gobiernos locales les envíen? ¿Cómo verificarán que las personas a las que están pagando cumplen con la ley respecto a evaluarse en los términos del INEE; a haber obtenido la plaza por concurso; a no haber faltado tres veces en un mes sin justificación, o a que son aviadores o comisionados sindicales? ¿La SEP y la SHCP se convertirán en meros gestores y tramitadores de los pagos que los gobiernos estatales les pidan? Si esto sucede, ¿qué diferencia hace el que sea la Federación la que pague?

El censo educativo ya nos demostró que la información oficial de los estados respecto a cómo están los maestros y las escuelas no es veraz. Es necesario que la SEP y SHCP transparenten los pagos del FONE y generen mecanismos para hacerse de información que les permita corregir irregularidades.

Para ello, la participación de los directores, supervisores, maestros que sí dan clases y padres de familia es esencial, pues son ellos los que saben lo que en realidad sucede en las escuelas. Es momento de que la autoridad deje de pensar que ella sola puede arreglar la educación de este país, debe impulsar verdaderamente la participación ciudadana y, para ello, abrir la información al respecto.

La recentralización de la nómina educativa sólo tiene sentido si se depuran los pagos y se generan ahorros importantes. Ante el escenario tan anunciado de los recortes presupuestarios, la educación no tendría que sufrir tanto, pues esos ahorros debieran significar mayores recursos liberados para otros rubros educativos como la infraestructura escolar (por ejemplo, ampliar el programa de la reforma educativa), formación y capacitación docente, becas, etcétsara. No vaya a ser que, cuando por fin se generen los ahorros en la nómina educativa, vayan a acabar en campañas electorales.

* La autora es coordinadora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero.

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