Opinión

Paquete Económico y reconstrucción 

 
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Paquete económico

No habrá sorpresas. No hay incremento de impuestos en el paquete económico que José Antonio Meade -hoy presidenciable- entregó al Congreso. Sin embargo la Ley de Ingresos proyecta recaudar un 6% más que en 2017, mediante una mayor captación de ingresos presupuestarios por 4,735 mil MP. Es resultado de mayor eficiencia en el cobro de impuestos, un crecimiento de la economía, un desempeño favorable del mercado interno, así como la creación de nuevos empleos. Las reformas estructurales han rendido frutos.

El paquete económico busca dos objetivos: estabilidad y certidumbre e incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Corresponde a ambas Cámaras definir los ingresos, pero es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el gasto público, por lo cual será ahí donde seguramente se realizarán ajustes y modificaciones para atender la reconstrucción en Oaxaca y Chiapas tras el devastador sismo que azotó al país. Además hay otros daños causados por huracanes, y falta aún concluir el año con posibles fenómenos en ambas costas.

En los Criterios destaca un crecimiento anual del PIB de entre 2 a 3%; inflación de 3%; tipo de cambio de 18.10 pesos por dólar; tasa promedio de 7%; barril de petróleo a 46 usd. La deuda interna se autoriza hasta por 470 mil millones de pesos y la externa, hasta por 5.5 mil millones de dólares, monto menor al de 2017. Se propone un superávit primario de 0.9% del PIB con un déficit público cercano al 2% del PIB. Es decir, se mantiene el necesario balance de las finanzas públicas para evitar exposición a riesgos y crecimiento de la deuda.

Como riesgos se señalan un proceso fallido de la renegociación del TLCAN; un menor dinamismo de la economía norteamericana; un debilitamiento de la economía mundial; volatilidad de los mercados financieros; y, incremento de las tensiones geopolíticas. Se apuesta a un negociación del TLCAN adecuada, pese a incertidumbre aunque de fallar se contaría con el marco de reglas de la OMC. Se actualizan precios y tarifas en función de inflación, cercana a 10%. Las fuentes más importantes de recaudación serán el ISR con 1.6 billones de pesos; el IVA con 877 mil millones de pesos; y el IEPS con 430 mil millones de pesos, cifras superiores a 2017. El déficit presupuestario será de 466 mil MP.

El gasto se estima en 5,201.7 mil MP, es decir 2% mayor, aunque una buena parte se destina al pago de la deuda, por lo cual se mantiene constante en términos reales. Hay un ajuste en el gasto administrativo de 28.3 mil MP. El PEF queda en 3,697 mil MP. Se mantiene como prioridad el gasto en seguridad pública y seguridad nacional, así como partidas para apoyar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

El gasto social se mantiene, aunque es muy probable se adecúe dada la situación de emergencia por la reconstrucción. Son tres elementos que caracterizan al gasto: programas de reducción de pobreza; reducción del gasto corriente y priorización de la inversión productiva. El gasto en pensiones crece, disminuye el gasto en servicios personales y se destinan 92.2 mil MP a proyectos de inversión, básicamente de infraestructura económica y social.

El presupuesto se utiliza como herramienta para lograr objetivos y metas de desarrollo sustentable (ODS) aprobados en la ONU como compromiso de Estado, los cuales se miden a través de un Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de mejorar estructuras programáticas para atender generaciones actuales, sin comprometer necesidades de generaciones futuras.

Las participaciones a Estados y Municipios aumentan en 28.4 mil MP, 3.7% más que en 2017. Se transferirán 1,749.2 mil MP, de los cuales 46.1% se corresponde a participaciones; 42.3% a aportaciones federales a programas específicos (salud, educación, seguridad pública, infraestructura) y 11.6% a asignaciones para convenios de coordinación y subsidios, entre otros.

Lo interesante de este paquete económico es que pone énfasis en el superávit primario, abandonando el déficit que prevaleció en los primeros años del gobierno de EPN, que elevaron el nivel de la deuda a casi 50% del PIB, poniendo en riesgo el equilibrio macroeconómico que por años se buscó preservar. Se ha corregido el rumbo. 

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