Opinión

El papel rector del Archivo General de la Nación

Mercedes de Vega*

En el marco de la reforma constitucional en materia de transparencia, el Archivo General de la Nación (AGN) tiene un doble desafío: contribuir a una mayor eficiencia en la gestión pública y, a la vez, agilizar la colaboración e intercambio de información en línea -transversal y vertical- entre dependencias gubernamentales de todos los niveles, que se traduzca en mejores servicios que animen y faciliten, además, la participación ciudadana.

Entendidos los archivos como el conjunto ordenado de documentos relacionados con una actividad institucional, eje del quehacer gubernamental y base de los sistemas de información, es evidente que no basta almacenar, procesar, convertir, proteger, transferir y recuperar información, datos, voces, imágenes o video para darle sustento a la actividad archivística.

En el estudio de una ley general de archivos, el Congreso de la Unión deberá considerar la función del AGN como órgano rector de la actividad archivística nacional y analizar la posibilidad de otorgarle la facultad para establecer criterios vinculantes para los distintos actores. Esto se ha calificado como “jurisprudencia archivística” y comprende un conjunto de normas y juicios en torno a la dirección y aplicación de la política nacional de archivos.

De ese modo, el Archivo General de la Nación deberá interpretar la ley respectiva y demás disposiciones aplicables para efectos administrativos, de manera que los criterios emitidos por el AGN, además de vincular a los tres órdenes de gobierno y a los distintos sujetos obligados, tanto públicos como privados, deberá fijar directrices de observancia obligatoria en esos órdenes de gobierno para la gestión de documentos y la protección de la memoria documental nacional.

En esta renovación el AGN deberá diseñar, evaluar y vigilar el cumplimiento de la normatividad para la administración de los archivos mexicanos; establecer mecanismos de vinculación y cooperación con instituciones nacionales e internacionales, y formular criterios técnicos y recomendaciones para la incorporación ordenada de los recursos humanos y materiales de los archivos.

Para que todo esto sea posible, es urgente centrarse en la promoción y ampliación, a nivel institucional y social, de la cultura archivística a escala nacional. Una cultura que, además, propicie la conciencia del cuidado que demanda nuestro patrimonio documental. La modernización de los archivos en todos los niveles de gobierno debe permitir su uso como instrumento de gobernanza y recurso esencial del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

En otra esfera, el AGN debe contribuir a la articulación de tres sistemas básicos: el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y el Sistema Nacional de Archivos. Esta cooperación interinstitucional incluye a la Presidencia de la República a través de la Estrategia Digital Nacional, el IFAI y los órganos estatales y del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación, el Inegi, organismos internacionales como el Consejo Internacional de Archivos y la Asociación Latinoamericana de Archivos, asociaciones profesionales, instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos no gubernamentales.

Por último, para reducir la brecha entre intenciones y acciones -debo insistir en ello-, se requiere del fortalecimiento presupuestal del AGN y el rediseño de su estructura organizacional, acompañado de una persuasiva campaña nacional en pro de la preservación del patrimonio documental y de la revaloración de los archivos.

* La autora es directora del Archivo General de la Nación.