Opinión

Panorama difícil

 
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petróleo

En los últimos cinco lustros, al inicio de la gestión de cada administración pública en México, éstas generaron expectativas de que la política económica que instrumentarían sería fundamental para el despegue sostenido de la actividad productiva en el país y para mejorar las condiciones de vida de la población.

En este lapso México se ha modernizado, ha ampliado la infraestructura y surgido una base empresarial emprendedora; no obstante, el avance medio anual del PIB, de alrededor de 2.0 por ciento, ha sido insuficiente para crear más de un millón de plazas laborales que se requieren tan solo para absorber a los jóvenes que se incorporan a la Población Económicamente Activa (PEA) cada año; al desempleo abierto, alrededor de 5.0 por ciento, habría que añadir millones de subempleados; y considerar que se han reducido las prestaciones sociales de una parte importante de los trabajadores y empleados; en la economía informal se ubica casi dos tercios de la PEA; el resultado final es que 60.0 por ciento de la población total del país vive en la pobreza.

La inseguridad y la violencia en la República se han agigantado, fenómenos que ponen en entredicho la paz social. La corrupción ha permeado hasta los estratos más altos del sector público, de los partidos políticos y de las empresas. El deterioro ambiental y de los servicios públicos hace difícil la convivencia social, particularmente en las grandes ciudades. El proceso democrático que parecía consolidarse muestra evidencias de retroceso frente a tentaciones inflexibles de los gobiernos en todos los niveles y el surgimiento de una clase política de oportunistas rapaces, sin oficio político, inclusive algunos de sus miembros con el crimen organizado, quien gobierna en varias regiones del país.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) logró que el Congreso aprobara reformas estructurales para el desarrollo de México; no obstante, su instrumentación se ha visto empañada por el pronunciado descenso de las cotizaciones del petróleo, así como la baja de los volúmenes de crudo enviados al exterior derivada de una reducción de la extracción de hidrocarburos, hechos que han inducido al gobierno federal a realizar un recorte preventivo en su gasto este año de 124 mil millones de pesos, con impactos contractivos en cadena en la actividad productiva del país; así, de una previsión original de adelanto del PIB cercana a 4.0 por ciento este año, ahora el avance se sitúa entre 2.8 y 3.0 por ciento; por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estima preliminarmente que por el recorte al gasto público podrían dejar de generarse hasta 250 mil empleos en 2015, monto equivalente a 30.0 por ciento del total creados en 2014.

A pesar de la significativa incidencia en la economía de los ingresos petroleros, ésta no está petrolizada como es el caso de Venezuela. La producción de hidrocarburos sólo representa 7.0 por ciento del PIB; sin embargo, las finanzas públicas sí dependen en buena medida de los hidrocarburos, alrededor de un tercio de los ingresos del gobierno provienen de estos últimos, en virtud de la insuficiente captación fiscal por otras vías.

Analistas consideran que el recorte del gasto público no fue mayor este año porque el gobierno contará con recursos de las coberturas petroleras, empero, en 2016 cuando ya no tenga los ingresos de estas últimas, llevará a cabo una nueva reducción de su gasto por 135 mil millones de pesos, que diferentes analistas piensan que podría alcanzar hasta 200 mil millones de pesos. El gobierno compensará los recortes con los ingresos del IEPES, provenientes de la diferencia de precios entre la gasolina importada y el de venta más elevado en el territorio nacional (50.0 por ciento más caro el litro en el presente).

El secretario de Hacienda anunció que el presupuesto del gobierno en 2016 será con base cero, lo que implica que se desligará de la inercia presupuestal del pasado, se revisará rubro por rubro, considerando una estricta disciplina y transparencia. En este sentido, se tiene contemplado que el número de plazas de la administración pública llegue a un nivel mínimo para operar eficientemente; solo habrá creación de nuevas plazas “vinculadas con la implementación de las reformas estructurales y para cumplir con los objetivos del Programa Nacional de Infraestructura”, asimismo, se revisará si hay duplicidad de funciones entre las diferentes dependencias.

La racionalidad y transparencia del gasto público son básicas para hacerlo más eficiente, en particular en las compras de las dependencias del gobierno que representan más de 800 mil millones de pesos anuales; generalmente estas compras y las licitaciones públicas se deben hacer mediante concurso, no obstante, el año pasado casi la mitad no se realizaron bajo esta regla.

Especialistas en finanzas públicas opinan que no será fácil instrumentar un presupuesto cero, al menos en el corto plazo, porque habrá que cambiar leyes para este propósito; igualmente existen gastos ineludibles que están comprometidos, que no se pueden modificar, como la deuda pública, las erogaciones en pensiones y jubilaciones, prestación de servicios públicos de salud y educación, las aportaciones y participaciones estatales y los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, entre otros. Se estima que 75.0 por ciento del gasto no es viable de modificar en el corto plazo; en el mediano plazo podría ser posible realizar modificaciones parciales mediante una planeación integral y reformas estructurales que requieren de voluntad política para hacerlas.

El panorama de la economía nacional podría ser más complejo en la medida que se incrementen las tasas de interés y se encarezca el servicio de la deuda pública y la actividad manufacturera en Estados Unidos muestre signos de desaceleración que afectarían negativamente al desempeño de la exportación de México.

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