Opinión

Panorama 2016

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Guadalajara

Desde hace varios años la empresa de análisis geopolítico Stratfor publica un mapa del crimen organizado en México que frecuentemente se utilizaba como referencia para señalar qué partes del país conforman el “territorio” de cada uno de los grandes cárteles. Sin embargo, desde hace algunos meses se introdujo un cambio emblemático: en lugar de distinguir el territorio controlado por cada cártel simplemente se divide al país en tres áreas (que en algunos casos se sobreponen): aquéllas con presencia de organizaciones originarias de Sinaloa, aquéllas con presencia de organizaciones originarias de Tamaulipas, y aquéllas con presencia de organizaciones originarias de Tierra Caliente. Este cambio la forma de conceptualizar a las organizaciones criminales que operan en el país es reflejo de una transformación con implicaciones muy importantes para la política de seguridad pública.

Las “guerras” entre grandes cárteles fueron responsables de la mayor parte de la violencia que se observó en México en los últimos años (por ejemplo, el conflicto que enfrentó al Cártel de Sinaloa con la Organización de los Beltrán Leyva, o al Cártel del Golfo y Los Zetas, los cuáles ocasionaron miles de muertes). En este sentido, en el panorama del crimen organizado en México hay una novedad positiva. Por primera vez –al menos desde que se detonaron las primeras crisis de violencia en el verano de 2008– no parece haber ningún gran cártel en una ofensiva abierta en contra de otro cártel o del gobierno.

Lo anterior es resultado de ocho años de aprendizajes, que han redundado en una mayor capacidad de las autoridades para desarticular organizaciones con vocación por la violencia exacerbada. En el año que concluye, el gobierno respondió de forma relativamente eficaz al Cártel Jalisco Nuevo Generación. A pocos meses del desafío que el CJNG lanzó el 1 de mayo al orquestar una serie de ataques y narcobloqueos en el occidente del país (e incluso derribar un helicóptero de SEDENA) dicha organización ha sido severamente debilitada y varios de sus principales liderazgos han sido capturados.

Sin embargo, los conflictos entre grandes cárteles han dado paso a un escenario de mayor complejidad, en el que pequeñas mafias locales son las principales generadoras de violencia. En Guerrero estas mafias dieron la bienvenida al gobernador entrante con una serie de ataques y atentados (en noviembre se registraron 161 ejecuciones en Guerrero, la cifra más alta en tres años). Debido a la ausencia de una estrategia para combatir a estos grupos, es de esperarse que en 2016 los hechos de violencia continúen concentrándose ahí donde las mafias locales tienen mayor fuerza. Por esa misma razón, parece difícil que se retome la tendencia de disminución acelerada en el número de homicidios que se registró en 2013 y 2014 (tendencia que se interrumpió este año). El creciente poder de las mafias locales tiene otra implicación importante con la que el gobierno tendrá que seguir lidiando. Propicia la proliferación de grupos de autodefensa, lo que genera enormes dificultades para el desarrollo de una política de seguridad eficaz (principalmente porque no se cuenta con la información necesaria para distinguir entre grupos que verdaderamente buscan defender a la población de aquéllos alineados con los intereses de los criminales).

Además del desafío que supone la violencia de las mafias locales y los grupos de autodefensa, el 2016 estará marcado por las acciones que el gobierno tome ante las grandes pifias que tuvieron lugar durante la primera mitad del sexenio. En los próximos meses es probable que la recaptura de Joaquín Guzmán Loera deje de ser un tema prioritario en la agenda. Poco se ha dicho al respecto después de las versiones que circularon en octubre de que el capo escapó por poco de las autoridades (sólo ha circulado una grabación, cuya fecha no es posible determinar, en la que se ve en una fiesta a alguien que podría ser el Chapo). Sin embargo, es probable que continúen las repercusiones al interior de las instituciones de seguridad pública, en tanto las investigaciones (o las filtraciones) permitan conocer más a detalle la colaboración de funcionarios públicos con la evasión de Guzmán Loera.
De forma similar, el próximo año el gobierno de Peña Nieto hará frente a una disyuntiva que marcará en buena medida su credibilidad durante el resto del sexenio: reconocer o no las violaciones graves a los derechos humanos en casos como Apatzingán, Tanhuato o Tlatlaya.

Hasta ahora las instituciones de seguridad han cerrado filas con los elementos responsables de estos hechos. Sin embargo, la presión de la opinión pública, de los organismos multilaterales y hasta del Poder Judicial es cada vez mayor (por ejemplo, hace algunos días un juez ordenó al INAI anular la resolución en la que reservó por dos años la averiguación previa militar sobre el caso Tlatlaya, y lo instruyó a emitir una nueva resolución que permita el acceso al expediente). Será interesante ver en los próximos meses la respuesta del gobierno ante esta creciente presión.

En resumen, es probable que en 2016 veamos una continuación de las tendencias que se observaron en 2015: niveles de violencia que no bajan (al menos no a un ritmo satisfactorio); un aparato de seguridad con capacidad para responder a los desafíos de los grandes cárteles pero que no tiene una estrategia para someter a los pequeños grupos que más daño hacen a la sociedad; e instituciones de seguridad con una imagen pública deteriorada.

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