Opinión

Pacto y desconfianza

10 febrero 2014 4:16 Última actualización 20 septiembre 2013 5:2

 
Juan Antonio García Villa
 
Inmediatamente después de las controvertidas elecciones presidenciales de 1988, el PRI-gobierno de entonces comprendió que no era posible continuar con las leoninas, parcialísimas reglas electorales vigentes hace un cuarto de siglo. Por ello, estuvo de acuerdo en apoyar la propuesta del PAN de llevar a cabo importantes cambios en la materia. Buena parte de éstos requerían reforma constitucional para la que el PRI ya no contaba con la mayoría calificada de las dos terceras partes, al menos en la Cámara de Diputados. Se necesitaba por lo tanto el apoyo de los diputados panistas.Se suscitó entonces intenso debate al interior de Acción Nacional. Buen número de panistas consideraba que las enmiendas constitucionales que el gobierno aceptaba eran en realidad insuficientes para lo que el país necesitaba en materia político-electoral. Y tenían razón.
 
La cuestión estaba en convencerlos de que ni el PAN ni toda la oposición contaban con la fuerza –política y legislativa– suficiente para realizar los cambios que se hacían necesarios. En consecuencia, a querer o no el gradualismo se imponía como el único camino viable posible. Algunos se convencieron de que era mejor algo que nada; otros no. Finalmente se decidió, con todos los riesgos, transitar ese camino.
 
Sin embargo, lo que con mayor énfasis planeaban los opositores internos era que una vez aprobadas con el voto del PAN las reformas constitucionales, en la legislación secundaria el PRI –con la mayoría simple que aún tenía en ambas Cámaras– haría nugatorias aquéllas, mediante normas ad-hoc, para continuar con su abusiva hegemonía electoral.
 
Hecha del conocimiento de los interlocutores gubernamentales la enorme desconfianza imperante en numerosos dirigentes y militantes panistas, hicieron entonces una contrapropuesta.
 
Plantearon que se pusieran sobre la mesa las principales propuestas de cambio electoral, derivadas o no de las reformas constitucionales, que quedarían en la legislación secundaria. Discutidas éstas, aquéllas que fueran acordadas quedarían consignadas en una Carta de Intención que al efecto se redactaría para firma del mismísimo Ejecutivo. Con esa garantía, podrían entonces los legisladores panistas aprobar previamente las enmiendas constitucionales.
 
Así se hizo. Pero sucedió, según se comentó, que el Presidente no aceptó firmar el documento aduciendo que su sola palabra era más que suficiente. De alguna manera se estuvo de acuerdo. Fue así como se aprobaron en 1989, por cierto con el voto en contra de algunos legisladores panistas que invocaron razones de conciencia, las reformas a la Constitución en materia electoral.
 
Luego vino una larga discusión extralegislativa para la elaboración de la nueva ley electoral, el Cofipe, como hasta la fecha continúa llamándose a pesar de los numerosos cambios de que éste ha sido objeto desde 1990, en que se expidió. La mayoría de los puntos contenidos en la Carta de Intención quedaron incluidos en la nueva ley. Es rigurosamente cierto que así fue; pero también que algunos no, incluso importantes.
 
 
 
 
 
 
 
 
Queda desde entonces en no pocos panistas una permanente sensación de desconfianza a la hora de convenir acuerdos con el priísmo. Ahora parece confirmarlo el hecho de que el oficialismo, notoriamente, está arrastrando los pies en la aprobación de la Reforma Política tal como está consignada en el Pacto por México. El punto más relevante, sin duda, es la creación de un organismo electoral único para todos los procesos comiciales del país. Parece confirmarse que hay razón para desconfiar siempre del priísmo. Hay que aprender de las lecciones del pasado.