Opinión

Pacto bipolar


Un tema que destaca del mensaje de Enrique Peña Nieto con motivo de la presentación de su primer informe de gobierno al Congreso, es su manifiesto interés en que la agenda de reformas siga procesándose a través del Pacto por México.
 
 
Como cualquiera, esa vía tiene ventajas y costos. Su mayor utilidad es que sirva al que fue y sigue siendo el motivo central del Pacto, que es recuperar espacios de acción política para las instituciones del Estado, empezando por el Poder Ejecutivo.
 
 
Su costo más elevado es que pone al gobierno en la disyuntiva de ganar el consenso o ser tan eficaz como podría serlo imponiendo su criterio con apoyo del PAN.
 
 
En lo que ha sido inexplicablemente ineficaz el gobierno (y algunos lo atribuyen al Pacto), es en el fomento del crecimiento económico. Por primera vez desde 2009, el PIB se redujo en el segundo trimestre del año.
 
 
Además de la caída de exportaciones, lo que explica esa contracción del PIB es la caída del gasto público, que el gobierno atribuyó a que estaba tomando las riendas de la administración.
 
 
El caso es que para julio no había mejoría y hay quien lo atribuye a que los partidos de oposición firmantes del Pacto exigieron controles adicionales al gasto público con motivo de las elecciones de julio pasado.
 
 
Como sea, del optimismo se pasó al pesimismo respecto de la capacidad de inducir el crecimiento del nuevo gobierno, lo que pone mayores obstáculos a sus intenciones reformistas.
 
El Pacto por la unidad de la clase política
 
El PRI, el PAN y el PRD saben de la debilidad en la que han quedado el gobierno y demás poderes del Estado después de treinta años de antiestatismo indiscriminado. La evidencia más reciente es que el Presidente no pudiera dirigir su mensaje desde un lugar público, por temor a la CNTE, sino encerrado en Los Pinos.
 
 
Lo de fondo son las fracturas estructurales que afectan la eficacia del Estado en el cumplimiento de funciones básicas, como la preservación de garantías civiles ante la amenaza de la delincuencia organizada.  
 
 
Esas fracturas reducen el poder institucional para establecer y hacer respetar las leyes ante todo tipo de entes abusivos, como son muchas de las grandes empresas globales (ejemplo, los bancos) y ante infractores a toda escala.
 
 
La mayor pérdida del Estado y del gobierno es de legitimidad de sus acciones ante la sociedad, que contempla el enriquecimiento de pocos a partir de canonjías, privilegios e inclusive corrupción, tan descarada como impune.
 
 
Ante esa inmoralidad de las élites, ¿por qué los maestros de la CNTE no han de defender el escalafón que les permite ascensos en automático y heredar o vender plazas? ¿Sólo los empresarios y políticos que se otorgan concesiones y protecciones para acumular fortunas inmensas, pueden tener privilegios arbitrarios?
 
 
El vacío de poder que han dejado varios turnos del gobierno federal por  ortodoxia neoliberal, y por corrupción e ineptitudes, ya lo ocupan poderes fácticos como narcotraficantes, gobernadores reyezuelos, líderes sindicales y empresas que operan sin restricciones.
 
 
Desde esta perspectiva, la misión primordial del Pacto por México es que los principales partidos se unan para recuperar espacios de acción que fortalezcan al poder público en diversos ámbitos.
 
 
Esa es una premisa de la agenda de reformas en telecomunicaciones, educación, competencia económica, financiera, transparencia de la información y endeudamiento de los estados.
 
 
Algunos cambios pueden ser positivos, con la clara excepción del que se propone en materia energética, que más se parece a un plan de negocios para inversionistas privados que una estrategia para hacer de esa industria la palanca que debe ser del desarrollo del país.
 
 
Los costos del Pacto no son menores. Es verdad que el consenso le resta eficacia a las acciones,  según la entienden los impacientes que quisieran que las reformas ya estuvieran operando conforme al punto de vista del gobierno y del PAN.
 
 
Pero además, el Pacto entraña riesgos, notablemente el que los líderes de los partidos se olviden de que no representan a la gran mayoría de la sociedad y que confundan el mundo formal de la política con la realidad de la dinámica social. Las percepciones y perspectivas que cada sector social tiene se parecen muy poco a lo que sus “representantes” acuerdan en la política formal.
 
 
En resumidas cuentas, el Pacto unifica a las cúpulas de los principales partidos en el intento de recuperar espacios de acción política para los poderes del Estado, empezando por el Ejecutivo. Logró formular una agenda de reformas, que están bajo la doble tensión del consenso y del error de haber inducido un bajo crecimiento económico.
 
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