Casi todos los presidentes, justa o injustamente, cargan con un empresario cuyo nombre los persigue como mancha acusadora y no se los pueden quitar de encima nunca, aunque unos y otros intenten deslindarse después.
Demasiado temprano el presidente López Obrador ya tiene al suyo: José María Riobóo.
Una lástima, porque el principal –si no es que el único– atributo del político tabasqueño, que lo llevó a vencer abrumadoramente en julio, es no tener intereses económicos asociados a los de ningún contratista ni hombre o mujer de dinero.
Iniciaríamos el sexenio con cero compromisos.
Esa era la perla de su proyecto alternativo de nación, que cojea de todo lo demás, menos de lo que la gente estaba y está harta: contubernios entre el poder y el dinero.
Ya no va a ser así. La relación con Riobóo le va a minar al presidente López Obrador su flanco más fuerte, que no tiene compromisos con contratistas ni empresarios de ningún tipo.
Tal vez no sea exactamente así, pero en política lo que parece es.
Y José María Riobóo fue quien llevó a la cancelación del aeropuerto en Texcoco para dar paso a la ampliación de Santa Lucía.
Riobóo tenía intereses en ambas obras.
En Texcoco quiso participar y su empresa perdió el concurso.
En Santa Lucía fue él quien diseñó el proyecto que el equipo del presidente electo envió a una empresa francesa para que dijera si era viable o no (y la respuesta fue que no había elementos para dictaminar y era preciso ver otras opciones).
La exposición del proyecto de Riobóo en Santa Lucía estaba en la página del gobierno entrante, presentada como suya. Más simbiosis entre poder y dinero, imposible.
Bueno, sí es posible. El plan previo del proyecto de Santa Lucía que ganó "la consulta", lo hicieron, asociados, José María Riobóo y el ingeniero agrónomo Rubén Samaniego.
Y una vez tomada la decisión de ejecutar el plan Riobóo-Samaniego, en lugar del que está en curso en Texcoco, Samaniego fue nombrado por el presidente electo como el encargado de la obra de ampliación de Santa Lucía.
En cualquier lugar del mundo sería un megaescándalo. Son contratistas privados que atan y desatan en los proyectos de una obra pública multimillonaria que el gobierno de la cuarta transformación pone en sus manos.
Aquí no ha estallado como lo que es, porque Andrés Manuel López Obrador cuenta con el bono de una elección ganada por amplia mayoría.
Pero los bonos se agotan, y el estigma queda.
Sobre todo porque entre el equipo gobernante y Riobóo hay una larga historia en cuanto a obra pública se trata –varias de ellas por asignación directa–, desde que AMLO fue jefe de Gobierno y en el mandato de su camaleónico sucesor, Marcelo Ebrard.
¿Cuáles?
-El proyecto ejecutivo para el segundo piso del Periférico, cuyo costo real se fue muy por encima de lo proyectado.
-Puente vehicular de San Antonio.
-Puente vehicular Lorenzo Boturini.
-Puente vehicular de Fray Servando Teresa de Mier.
-Avenida del Taller.
-Deprimido Avenida del Rosal.
-Primera etapa de la ciclovía.
-Gazas elevadas del Metrobús.
-Calculista del puente de los Poetas.
-Distribuidor vial Zaragoza-Texcoco.
-Actualización del proyecto del Periférico Arco Oriente.
-Proyecto ejecutivo vial de Constituyentes-Reforma-Palmas.
-Dos kilómetros para construir la conexión Luis Cabrera-Periférico Norte.
-Ampliación de la Línea 1 del Metrobús.
-Subtramo de la Supervía Poniente.
Todos esos datos –sistematizados y expuestos públicamente por el diputado Jorge Triana–, de un contratista multimillonario en los gobiernos de AMLO y Ebrard, se suman ahora a la cancelación de la obra aeroportuaria donde perdió un concurso y a la habilitación de una inviable donde él hizo el plan previo junto con su socio, al que nombran jefe del proyecto.
López Obrador, nos guste o no, va a gobernar por seis años y sería una desgracia que empezara con el pie izquierdo.
Árbol que nace torcido, no hay manera de componerlo.
Decirle la verdad es obligación de todos los que tienen una tribuna para hacerse oír.
Riobóo le hace daño al que será presidente de todos los mexicanos.