Opinión

¿Otro fallo adverso para Halliburton?


 
 
 
En un desenlace que pocos esperaban, Halliburton, el gigante de servicios petroleros que encabezó Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, se declaró culpable el jueves de destruir evidencias relacionadas con la catástrofe de 2010 en el Golfo de México, aunque todavía puede enfrentar sanciones por el daño que el derrame del pozo Macondo provocó al medio ambiente y decenas de miles de habitantes de la zona.
 
Al confirmarse las acusaciones lanzadas sobre la firma de Houston por British Petroleum, que no quiere cargar sola con multas y demandas millonarias que impondría y avalaría el juez de distrito Carl Barbier en Nueva Orleans, Halliburton aceptó la eliminación de pruebas —simulacros informáticos que demostraron que no había diferencia entre el uso de seis o 21 collares de metal o centralizadores para la cimentación del pozo, como sostenía acusando a BP de ahorrar dinero en el pozo a costa de la seguridad— y pagará 200,000 dólares, una bicoca si se piensa que la firma acaba de reportar ganancias por 679 millones de dólares en el segundo trimestre, que en el mercado se consideró 'negativo'.
 
A prueba
 
Halliburton también aceptó que una de sus firmas subsidiarias sea puesta a prueba durante tres años y, en forma voluntaria, decidió entregar 55 millones de dólares a la Fundación Nacional de la Vida Marina y Silvestre. Ya en 2010, Fred H. Bartlit, asesor en jefe de la comisión establecida por la Casa Blanca para investigar el desastre, había concluido que era inestable el tipo de cemento utilizado por la compañía de acuerdo a sus propios ensayos de laboratorio, lo que no impidió que sin esperar los resultados, virtiera el material en el Macondo la noche del 19 de abril de 2010, a escasas horas del estallido que llevó al derrame de casi 5 millones de barriles de crudo.
 
 
Sin embargo, apuntan WSWS y AP, Halliburton todavía no puede cantar victoria, pese a que el Departamento de Justicia se comprometió a no presentar cargos criminales en su contra.
 
 
Barbier tiene la palabra en cuanto a las querellas civiles —para las que desde el año pasado apartó, de ser necesarios, 300 millones de dólares—, y sus opciones son pactar un arreglo con los afectados en sus negocios y propiedades o esperar un fallo del juez que la favorezca.
 
 
Por su lado, BP y Transocean, empresa que rentaba la plataforma Deepwater Horizon, ya acordaron con la procuraduría general pagar 4,000 y 400 millones, respectivamente. Hay mucho en juego y es por ello que la compañía británica pidió a Barbier en julio suspender las indemnizaciones hasta que Louis Freeh, exdirector de la FBI, termine sus pesquisas sobre 'fraudes, prevaricación y corrupción' en el proceso. Barbier, no obstante, respondió que BP pretende sacar el caso de su jurisdicción con 'maquinaciones'.