Opinión

Otra vez Chihuahua

     
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Chihuahua

Hace poco menos de una década inició en Chihuahua el capítulo más trágico de la historia reciente de México. Era el verano de 2008. En el curso de algunas semanas, la “guerra contra el narco”, que hasta entonces había conducido con algún éxito el presidente Calderón, se salió de control. Lo que inició como una política de despliegue militar y neutralización de capos degeneró en una serie de sangrientos conflictos entre las grandes organizaciones criminales del país (en particular entre el Cártel de Sinaloa y sus antiguos aliados, los hermanos Beltrán Leyva). Si bien la violencia se extendió a varios estados, el golpe fue particularmente duro en Chihuahua. La razón: la existencia de enormes pandillas (en algunos casos fundadas por jóvenes deportados de Estados Unidos) que rápidamente fueron reclutadas por los cárteles.

Hoy Chihuahua hace frente a una nueva espiral de homicidios. De enero a agosto de 2017 se registraron 718 ejecuciones en el estado, 71 por ciento más que en igual periodo de 2016. Al igual que en el pasado, el factor clave para explicar este recrudecimiento de la violencia es un conflicto entre pandillas: en este caso Los Aztecas y Los Mexicles. Al igual que en el pasado, los centros de rehabilitación de adicciones ya fueron blanco de un ataque. La semana pasada un comando armado irrumpió en el centro Unidad Familiar para Vivir Mejor, en Chihuahua capital, con saldo de por lo menos 15 muertes. Las autoridades y la prensa local han manejado la hipótesis de que en dicho centro se encontraban personas vinculadas a Los Mexicles, y que los perpetradores del ataque fueron cuatro miembros de Los Aztecas.

Sin embargo, hay una diferencia importante con el pasado. En Chihuahua el combate al crimen organizado ya no es, en esencia, una iniciativa de la federación. En los últimos meses el gobierno estatal ha sido el principal impulsor de una embestida contra las pandillas que operan en Chihuahua. Apenas el pasado 15 de septiembre el Grupo de Análisis Policial de la Comisión Estatal de Seguridad detuvo en Ciudad Juárez a René Gerardo Santana, El 300, quien lideraba a más de 200 miembros de Los Aztecas. Es probable que, a raíz de dicha detención, otros líderes de Los Aztecas planearan el ataque al centro de rehabilitación.

Las policías de Chihuahua no tienen la capacidad necesaria para hacer frente al escalamiento de la violencia. El apoyo de la federación será central para evitar una crisis como la que se vivió durante el sexenio pasado. Sin embargo, en Chihuahua al menos se tiene claridad sobre la importancia de responder a actos como el ataque al centro de rehabilitación. El compromiso del gobierno estatal ha sido capturar a los responsables de esta masacre. Al escribir estas líneas todavía no había resultados al respecto. Sin embargo, también se han tomado medidas importantes, que las autoridades de otros estados generalmente omiten, como realizar operativos para la detención de narcomenudistas asociados a Los Aztecas.

En otros temas, el INEGI publicó la semana pasada los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública (Envipe2017). La Envipe permite estimar la incidencia delictiva a lo largo del año previo a su aplicación (es decir, en la Envipe 2017 se estiman los delitos ocurridos en 2016). Las cifras de la Envipe son las más confiables que tenemos en relación con la evolución de los principales indicadores de seguridad, sobre todo porque en México los delitos casi no se denuncian, y no existen mecanismos rigurosos para estandarizar y auditar las cifras que generan las procuradurías y fiscalías de los estados. Los números que arroja la Envipe 2017 son desalentadores: el total de delitos ocurridos aumentó de 2015 a 2016; los mexicanos nos sentimos más inseguros que en años previos; y la cifra negra sigue siendo altísima (93.6 por ciento de los delitos no se denuncian).

Hay un dato en particular que llama la atención: desde que se lleva a cabo la Envipe, el porcentaje de la población que señala que ha visto venta de droga ha aumentado año con año (en 2013, el 23.4 por ciento de la población atestiguó venta de droga; para 2017 este porcentaje aumentó a 30.3 por ciento).

Dicha tendencia es grave. El narcomenudeo, cuando ocurre en la calle o en lugares públicos, propicia otros delitos, deterioro generalizado del entorno, e incluso guerras entre las distintas células criminales que buscan monopolizar la venta de droga en un territorio. Basta como ejemplo la masacre del pasado viernes en Coacalco, donde cinco personas fueron acribilladas al interior de un domicilio, en una zona que ha sido identificada como punto de venta de drogas. Considerando lo anterior, se recomienda que las autoridades tomen medidas para evitar a toda costa la venta de droga en la vía pública o lugares demasiado visibles (lo que orilla a los narcomenudistas a operar con base en esquemas de entrega a domicilio, que son mucho más discretos y generan menos riesgos). Los alcaldes, los secretarios y directores de seguridad de nuestro país no han tomado nota.

Twitter: @laloguerrero

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