Opinión

Organizaciones pseudo ciudadanas

 
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Elementos del Ejército mexicano destruyeron el plantío de amapola encontrado el pasado 17 de agosto. (Especial)

Son casi veintiséis años que en nuestro país la institucionalización de los derechos humanos lleva forjándose, lentamente pero con paso firme. Desde aquella insipiente y parcial Dirección General de Derechos Humanos, perteneciente a la SEGOB en 1989, hasta su consolidación como organismo constitucional autónomo en 1999. Esta consolidación fue de la mano de la consolidación, también, de una cultura de respeto a los derechos fundamentales por parte de todos, esencialmente por parte las autoridades. En este andar también se logró en 2011 la reforma constitucional en la materia, con la que México se colocó entre los países vanguardistas en el orbe al subir a rango constitucional la prescripción de los derechos humanos y, como consecuencia, en 2013 la adecuación de la ley de amparo para que estuviera acorde a las exigencias de garantizarlos de mejor modo. En 2008, el Congreso de la Unión aprobó la reforma de justicia penal, la cual, y por supuesto, consolida aún más la preservación y garantía de estos derechos a través de la implementación de un sistema de justicia que pretende a la par la profesionalización de todos los actores para con ellos estar en condiciones de lograr los objetivos que ahora nuestros marcos legales ordenan.

Evidentemente, es claro que lo anterior ha sido posible por la participación de todos; desde el gobierno, los partidos políticos, la clase empresarial y la academia; pero más aún, por el interés de la sociedad civil. Esta última, actor principalísimo en cualquier país que se pretenda democrático; sin ella la institucionalización de los derechos humanos y muchas otras cosas no serían posibles. Este y tantos logros alcanzados a través de la organización ciudadana, y en beneficio de todos, nos brindan la oportunidad de más y mejores condiciones de vida. Ha sido un camino largo y de muchos sacrificios, inclusive en los que lamentablemente se han perdido vidas, cicatrices permanentes e inolvidables en el cuerpo de nuestra historia nacional.

Efectivamente, la organización ciudadana es factor trascendente para cambiar las circunstancias de vida, pues la unión hace la fuerza y levanta la voz para ser escuchada y tomada en cuenta. Sobre todo aquellas que encuentran en su naturaleza fines legítimos de bienestar social; aquellas que tienen un interés común y que combaten día a día desde la trinchera que les toca y, como es el caso generalizado, muchas de las veces con insuficientes recursos. Todo lo que sea en pro del bienestar social o del interés común forzosamente tiene que ver con los mencionados derechos humanos. Desgraciadamente, hay quienes se han valido de la aparente defensa de éstos para atacar y denostar acciones legítimas y con todo el apego a la ley del gobierno federal o local, realizadas estas en contra de criminales y delincuentes. Lo peor de todo es que esos ataques y críticas son totalmente injustificados; no debemos permitir como sociedad que el discurso macabro de supuestas organizaciones “ciudadanas” sea replicado y mucho menos tomado como verdad. Ahora resulta que cuando la Marina, el Ejército, la Policía Federal o las policías estatales o municipales realizan acciones en contra del crimen, son desacreditadas inmediatamente y sin argumentos; son señaladas como transgresoras de derechos humanos, inclusive, de aquellos de la población inocente que está indefensa por un posible fuego cruzado o un operativo mal implementado, según dicen estas supuestas organizaciones; todas las veces que dicho fuego cruzado se presenta, se debe a que los grupos criminales emboscan a los elementos que resguardan la seguridad pública y por cuestiones obvias éstos tienen que repeler dicho ataque para defenderse; hoy el gobierno federal ha privilegiado el trabajo de inteligencia para evitar la violencia, por lo que se han logrado capturas de muchos criminales sin haber realizado un solo disparo.

El hecho de repeler un ataque significa, en realidad, defenderse de agredas cobardes y de sorpresa. Ejemplos sobran como los ocurridos en Jalisco el pasado primero de mayo cuando un grupo delincuencial derribó con un lanza cohetes a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, lo que produjo la muerte de seis militares; o cuando asesinaron de manera hartera a 15 policías en ese mismo estado; otro trágico hecho fue en el sexenio pasado en el que acribillaron un camión repleto de policías federales que venían francos al terminar un servicio en Michoacán; ejemplos tan lamentables sobran.

No obstante, ahora, cuando el Estado realiza acciones en materia de seguridad en contra de criminales, inmediatamente salen supuestas organizaciones civiles para interponer quejas ante las comisiones de derechos humanos aunado esto, también, a la presión que pseudo reporteros y comunicadores del amarillismo realizan sobre el tema. Tal es el caso en lo ocurrido recientemente en Tamazula, Durango tras el operativo de recaptura de Joaquín Guzmán Loera. En qué cabeza cabe que la Fuerzas Armadas tienen como finalidad dañar a la población; ¡todo lo contrario! Las fuerzas del Estado tienen como consigna dar la vida por salvaguardar a cualquier mexicano, de esos que somos muchos y que hacemos de nuestra vida una relatoría interminable de esfuerzos cotidianos para sacar adelante a nuestras familias a través del trabajo honesto.

No podemos hacer eco de mentiras y menos salir en defensa de quienes en realidad tendríamos que defendernos, de quienes envenenan a nuestros niños con la droga que venden afuera de sus escuelas y en los parques en los que juegan; aquellas organizaciones criminales en las que se enrolan hijos, hermanos, esposos o padres por la necesidad de sacar de la miseria en la que se encuentran sus familias, sí por la falta de oportunidades que al gobierno todavía le faltan por generar, pero que aún y eso no es justificable por ningún motivo que la gente prefiera estar del lado del mal, a costa de asesinar y de que lo asesinen por seguir engrosando las cuentas de dinero ilegal de sus líderes criminales.

No podemos permitir que nuestros jóvenes encuentren cabida en el discurso “más vale vivir un rato como reyes a mucho tiempo como bueyes”. Por supuesto, el gobierno tiene la obligación de generar aquellas oportunidades para que nuestra población salga adelante en lo económico y en todos los demás rubros; es su responsabilidad histórica y no puede fallar en ella. Pero, también, es responsabilidad de nosotros no optar por falsas salidas que a la larga lo único que dejarán son incontables tragedias; la solución no puede ser peor que el problema. Y en la solución, habremos de dar el voto de confianza a las fuerzas del orden público que día a día exponen su vida propia por defender las nuestras y, por el contrario, no hacer caso a aquellas organizaciones que se manejan como ciudadanas que atacan sin elementos el trabajo de nuestros soldados, marinos y policías.

Twitter:@fschutte

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