Opinión

Órdenes ejecutivas

    
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La Constitución de Estados Unidos dice que el presidente debe hacer cumplir las leyes, pero no establece los procedimientos para ello. George Washington y sus sucesores lo han hecho expidiendo comunicados con denominaciones diferentes, de acuerdo a sus finalidades.

En el nivel más bajo están los presidential memorandum, que no tienen que inscribirse en el Federal Register (equivalente a nuestro Diario Oficial). Se usan para dar pautas a todo el gobierno o a dependencias en particular. Pueden ser de cuatro tipos: determination, para iniciar procesos o delegar tareas; finding, para implementar las acciones requeridas por algún estatuto; hortatory, para exhortar a mejorar o acelerar algún programa; y disapproval, para remediar algo que no se está haciendo correctamente. El actual presidente ya suscribió doce, entre ellos el de salir de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico.

En seguida están las presidential proclamation, que se no se dirigen a los funcionarios sino a la población general o a algún sector. Pueden ser de carácter meramente ceremonial, como la que acaba de rubricar Trump para establecer el 'mes del cuidado del corazón', o pueden ser sustantivas, tipo las declaraciones de desastre, las clemencias presidenciales (Carter perdonó a los evasores del servicio militar durante la guerra de Vietnam) o, la más importante de todas, la emancipación de los esclavos por Lincoln en 1863.

Un caso especial es el de las presidential directive, que se usan exclusivamente para asuntos de seguridad nacional o doméstica y tienen la peculiaridad de permanecer clasificadas por un tiempo. Pueden ser review, que dispone que se evalúe algún asunto, como la vulnerabilidad de los aeropuertos; study, que indica investigar cierto tema, como las perspectivas de un conflicto; decision, que determina cuestiones como transferir armas a otro país; action, que delinea una operación, como eliminar a Bin Laden.

Las executive orders son los documentos más conocidos. Se publican tres o cuatro al mes y se usan para infinidad de propósitos: reorganizar una agencia o crear una comisión; ampliar o reorientar un programa; establecer estándares o emitir manuales; embargar propiedades de extranjeros; autorizar promociones y condecoraciones militares; poner nombre a un barco o a un edificio.

Las quince órdenes ejecutivas firmadas hasta ahora por Donald Trump han causado gran conmoción y muchos las han interpretado como decretos o leyes. Sin embargo, su valor jurídico queda claro cuando se lee la cláusula final que invariablemente contienen: “Esta orden debe ser implementada consistentemente con la ley aplicable y está sujeta a la disponibilidad presupuestal”. Su legalidad la determina, desde luego, el Poder Judicial; los recursos los adjudica, necesariamente, el Poder Legislativo.

La orden de construir el muro fronterizo es en realidad un llamado al Congreso para aportar fondos para cumplir una ley existente (Secure fence act).

Un presidente puede anular o modificar las órdenes ejecutivas de sus antecesores sin mayor problema. Por ejemplo, apenas llegó, Obama echó para atrás una de George W. Bush, que restringía el acceso público a los archivos de los expresidentes.

Esas disposiciones pueden ser obstaculizadas o ignoradas por los funcionarios y empleados que no las acepten. Al no tener carácter de ley, lo más que puede sucederles es que se les aplique una sanción administrativa.

¿Por qué son tan controvertidas?

Porque los presidentes las usan políticamente, como arma propagandística o como desafío a los opositores. Por ejemplo, muy solemnemente, Obama mandó cerrar la prisión militar de Guantánamo, sabiendo que los senadores no lo dejarían hacerlo. Despachó igualmente una orden ejecutiva llamada “Acción diferida para los llegados en la infancia” (DACA), que indebidamente se ha llamado Ley Dreamers, cuando es un mero acuerdo presidencial. Lo único que hizo fue añadir un grupo de personas (migrantes no documentados a los que sus padres llevaron a Estados Unidos cuando eran niños y están inscritos en una escuela) a una excepción que ya contenía la ley. No creó un derecho o dio un estatus migratorio 'legal' a esas personas. Sólo difirió por dos años su deportación.

Eso lo hizo porque el gobierno se ve muy mal expulsando muchachos solos y porque sabía que no había condiciones para que el Congreso amnistiara a ese colectivo. Por su parte, los legisladores dejaron pasar esa reinterpretación de la ley sin cuestionarla seriamente. Trump puede abrogar esa orden o aumentar las condiciones para beneficiarse de ella.

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