Opinión

Oprobio de los fueros

La pertenencia a un grupo organizado de seres humanos, todos encomendados a un fin cuyo logro depende del seguimiento puntual de reglas inflexibles de conducta, me parece una justificación más que suficiente para establecer sanciones rigurosas en contra de aquél individuo que, perteneciendo al grupo, ose romperlas. El fuero militar que contempla el artículo 13 de la Constitución Federal persigue, precisamente, la conservación de las reglas de enjuiciamiento militar en contra de aquel activo que viole las estrictas normas de conducta militar que garantizan el funcionamiento de las fuerzas armadas, institución esencial para la defensa de la soberanía y el orden nacional.

La problemática se vino dando a lo largo de los años en el cotidiano convivir entre los miembros de las fuerzas armadas y la ciudadanía, porque la consideración vertida anteriormente no es admisible cuando quien haya de ser sujeto del juicio militar, no sea un miembro de la marina o el ejército, sino un particular o, en abstracto, cualquier persona que sea ajeno o no sea parte del grupo organizado que haya elegido libremente cumplir las reglas.

La semana pasada tuvo lugar un éxito significativo a favor de quienes a través de un largo peregrinar --familiares del educador guerrerense Rosendo Radilla, o afines a las causas más legítimas de justicia social en contra de quienes participaron en la guerra sucia de la década de los setenta--, buscaron incesantemente terminar con un sistema interpretativo de la justicia militar que indebidamente llevó al papel de acusados a individuos que, no siendo parte de las fuerzas armadas, sino víctimas de abuso por parte de ellos, debieron enfrentar sentencias pronunciadas por jueces militares.

Desde el 2009, con motivo de un juicio internacional que comenzó en la década de los noventa y que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de nuestro país, nuestro gobierno ha venido implementando reformas significativas a las leyes y políticas de gobierno muy ambiciosas en el marco de la defensa de los derechos humanos. A pesar de la inmediatez de las resoluciones pronunciadas por los jueces federales en los juicios seguidos por la familia del desaparecido Radilla Pacheco, la acción más importante tuvo lugar cuando en 2011 se reformó el artículo 1 de la Constitución Federal para incorporar lo que se denomina como el control difuso de la Constitución y de los Derechos Humanos a la luz de los tratados internacionales. La expedición de la nueva Ley de Amparo, el año pasado, sigue la misma trayectoria. Las resoluciones más recientes de la SCJN le conceden a los derechos humanos consagrados en la Constitución o en convenciones internacionales, un rango superior al de todas las normas jurídicas del país de conformidad con las cuales las autoridades deban conducir sus actos, con la salvedad de aquellas constitucionales que establezcan restricciones a las garantías constitucionales.

No obstante la importancia de dichas acciones, una falta de claridad del artículo 57 del Código de Justicia Militar impedía que, con la naturalidad que era procedente, no se sujetara a juicio a cualquier individuo que, como sujeto pasivo de un delito, o como copartícipe del mismo, se viera involucrado en hechos sancionados por la legislación penal junto a un miembro activo de las fuerzas armadas. La interpretación equivocada de la norma que prevaleció permitió que, cuando el individuo a quien se le imputara la comisión de un delito fuera un militar, aún cuando la víctima o el cómplice fuera un civil, de cualquier modo tuvieran jurisdicción para conocer del asunto los Tribunales castrenses.

El 30 de abril pasado, último día del período ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó una minuta que llegó del Senado con un dictamen para reformar el Código de Justicia Militar, precisamente, por lo que respecta al dispositivo anterior y muchos otros relevantes, por medio de la cual se puso fin a esa equivocada interpretación normativa que ampliaba indebidamente el fuero militar.

La aprobación de la reforma deviene en un evento de la historia política contemporánea de singular importancia, ya que define un límite muy claro por lo que respecta al desenvolvimiento de las fuerzas armadas en su relación con los gobernados, y engrandece la protección de las garantías y los derechos humanos a favor de estos últimos. El proceso legislativo, así, termina con la posibilidad más remota que pudiera existir en el sentido de encubrir una acción ignominiosa de poder en contra de la ciudadanía y la viabilidad de nuestro pacto democrático, por la vía del fuero militar. Un cambio positivo para el país que fortalece el gran proceso de transformación que anuncia un futuro promisorio para México.

Ahora bien, ya en la vía de la terminación indebida de fueros incorrectamente entendidos, se abre una oportunidad inobjetable para que otros tribunales y otro poder analice, en su discusión interior y de cara a la ciudadanía, la conveniencia de reformarse, de sancionar con todo rigor y de acuerdo con las leyes civiles, otros crímenes que ofenden profundamente a todos los mexicanos, las ofensas sexuales en contra de menores cometidas por miembros de la iglesia. Los tribunales eclesiásticos, que no gozan de reconocimiento constitucional, tienen una jurisdicción limitada que no debe impedir el funcionamiento de la justicia civil.