Opinión

Opinar sale caro

   
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Humberto Moreira (2011) (Cuartoscuro/Archivo)

Personajes como Javier Duarte han logrado eclipsarlo un poco en los últimos tiempos. Sin embargo, Humberto Moreira indudablemente figura entre los villanos favoritos de la política mexicana. Se le ha señalado por incrementar más de cien veces la deuda de Coahuila (que pasó de 323 millones de pesos en 2005 a 36 mil 676 millones en 2011). En su momento de aparente derrota –cuando fue detenido en Madrid por cargos de organización criminal, lavado de dinero y malversación de recursos públicos– fueron muchos los medios y las voces que externaron señalamientos de la máxima gravedad sobre el exgobernador.

Por eso llama la atención que Humberto Moreira, con todo el desprestigio que lo aqueja, decidiera demandar al Dr. Sergio Aguayo Quezada por la publicación de la columna 'Hay que esperar', del 20 de enero de 2016, en la que se señala que el exgobernador “desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Ciertamente son frases duras, pero que no se distinguen mucho de las opiniones que vertieron de forma pública miles de ciudadanos, incluyendo otros líderes de opinión.

Para quienes no lo conozcan, el Dr. Aguayo es profesor investigador en El Colegio de México, con una trayectoria muy importante, como académico e impulsor de numerosas causas en materia de desarrollo político, combate a la corrupción y defensa de los derechos humanos, y cuenta con el respaldo de los colegas, alumnos y amigos que conocemos y respetamos su ética profesional.

El exgobernador pide una indemnización de 10 millones de pesos por el daño que le han causado las “descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones” publicadas por Sergio Aguayo. Independientemente del monto astronómico de la indemnización, hacer frente a la demanda del exgobernador Moreira ya le ha salido caro a Sergio Aguayo, en particular porque, a pesar de no contar con una sentencia, el juez Décimo Quinto de lo Civil le exigió pagar una onerosa fianza. El juez también instruyó que un perito seleccionado por el exgobernador realizara una evaluación psicológica del acusado con el propósito de “acreditar que el Sr. Sergio Aguayo Quezada tiene una imagen negativa sin fundamento alguno acerca del Sr. Humberto Moreira Valdés”. La semana pasada el juez se excusó de continuar conociendo el caso, después de que el Dr. Aguayo expusiera ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México la parcialidad con la que había sido tratado.

Resulta difícil entender por qué Humberto Moreira, cuya gestión ha sido criticada abiertamente por tantos actores, sintió la necesidad de lanzar una embestida legal de esta magnitud. Hay un solo precedente que, como mera hipótesis, explicaría la aparente intención de intimidar al Dr. Aguayo: un par de meses antes de que se presentara la demanda, y con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un equipo de investigadores de El Colegio de México coordinado por el Dr. Aguayo inició una investigación del trato y las reparaciones ofrecidas por el Estado Mexicano a las víctimas de dos de los episodios más oscuros en términos humanitarios de la historia reciente del país: la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; y la desaparición de un número indeterminado de habitantes de Allende, Coahuila.

Este trabajo fue excepcional en el sentido de que el equipo de investigadores tuvo acceso a los expedientes del caso Allende, proporcionados por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila. En una primera etapa de la investigación, que sigue en curso, se describe de forma muy detallada cómo –desde tiempos de Humberto Moreira– en el municipio de Allende Los Zetas tenían control efectivo sobre varias instituciones: entraban a su antojo a la cárcel, y pagaban un sueldo al comandante y a los elementos de la policía (que entre otras tareas eran los encargados de cobrar las cuota). Fue en este contexto de complicidad y negligencia de las autoridades municipales que Los Zetas desaparecieron a un gran número de personas en Allende (aunque en los expedientes de la Procuraduría estatal se registran 42 desapariciones forzadas entre enero de 2011 y agosto de 2012, en algunas versiones se habla de hasta 300 desaparecidos en el municipio).

Es imposible determinar si con la demanda Humberto Moreira busca presionar al Dr. Aguayo o al Colegio de México para evitar que su administración también sea señalada como responsable del clima de impunidad que propició las trágicas desapariciones forzadas de Allende. Sin embargo, el caso del Dr. Aguayo me entristece. Es francamente preocupante, en términos de libertad de expresión, que un académico de primer nivel sea víctima de acoso judicial por el simple hecho de externar opiniones poco halagadoras de un exgobernador (o peor aún, por conducir una investigación que lo incomode). Pienso también en los cientos de personas que habrán molestado a éste y otros personajes de la política, y que cuentan con menos visibilidad y recursos para defenderse.

Twitter: @laloguerrero

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