Opinión

OHL, cuando el río suena

 
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Obras de OHL México. (Cortesía OHL)

Algunos dirán que Enrique Peña Nieto no pudo escoger peor momento para promulgar la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción que el mes de mayo, marcado por el escándalo internacional de su transnacional favorita, OHL, destapado, como ya es costumbre, fuera de México.

Los audios dados a conocer en España, que develan un entramado corrupto para inflar costos de obras públicas, robar a los usuarios y sobornar a magistrados, confirman diversas denuncias que han pesado sobre el consorcio constructor desde que, en 2003, llegó a México, de la mano del entonces gobernador Arturo Montiel.

La relación de Obrascón Huarte Lain (OHL) con los políticos del Estado de México llevó a la transnacional a una época de vacas gordas, gracias a los multimillonarios contratos que, ahora se sabe, se construyeron a golpe de sobornos, sobreprecios y todo tipo de corruptelas.

OHL tenía –y tiene– de dónde: fue la favorita del gobernador Peña Nieto y de su sucesor Eruviel Ávila, entre otros mandatarios estatales.

Desde la llegada de Peña a la presidencia, la transnacional encabezada por personajes ligados al Partido Popular español siguió teniendo un trato privilegiado, ahora de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal y de Petróleos Mexicanos (su director, Emilio Lozoya, fue integrante del Consejo de Administración de OHL).

Las obras que han sido entregadas al grupo que está en medio de un vendaval –y sujeto a una investigación seria de las autoridades españolas– no han sido poca cosa.

Los 110 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense generan la mitad de las ganancias del grupo en México y son un dechado de corrupción:

El contrato original fue modificado de manera irregular en cinco ocasiones por la empresa OHL y sus socios: Conmex, que trabajó la fase I, y Grupo GAP, de Gabino Fraga Peña (el mismo personaje del Monexgate).

El Circuito tiene un aforo de 272 mil automóviles diarios. De enero de 2013 a 2015 cobró a cada usuario 50 centavos extras para, supuestamente, instalar un Sistema Independiente de Verificación (SIVA) que nunca ha funcionado. ¿Eran dineros para la “manita” que había que darle a los magistrados que avalaran sus fechorías?

Sólo en el caso del Circuito Exterior Mexiquense, OHL adeuda indemnizaciones a 200 familias afectadas por expropiaciones mal hechas y con precios bajos. Muchos de estos casos han terminado en los tribunales.

Durante los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, OHL recibió de la SCT federal siete contratos por 41 mil 500 millones de pesos, con sobrecostos de 610 millones de pesos, según datos de sus competidores.

El trato de privilegio continuó cuando el grupo mexiquense llegó al poder federal.

La empresa de Juan Manuel Villar, ministro de Hacienda de un gobierno conservador español, obtuvo el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, por diez mil 148 millones de pesos, a través de Constructora de Proyectos Viales de México, en alianza con una filial del Grupo Hermes, de Carlos Hank Rohn.

Le siguieron obras no menores: la autopista Atizapán-Atlacomulco, por seis mil 946 millones de pesos; la Línea 3 del Metro de Guadalajara por tres mil 500 millones de dólares, en alianza con la francesa Alstom; y una participación en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Toluca.

La total opacidad de estos contratos otorgados se extendió a Pemex, que entregó a OHL la Planta de Hidrógeno en Cadereyta, Nuevo León, por 13 mil 141 millones de pesos (licitación internacional P2LI041097); la construcción de un turbogenerador en la Refinería Madero, de Tamaulipas, por 689 millones de pesos (P2L1041097); y la estación de rebombeo de Degollado, Jalisco (P3LI041077).

Versiones no confirmadas señalan que Pemex Refinación entregó otro contrato por 550 millones de pesos para una planta de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz.

Pemex admite los contratos, pero sólo por dos mil 524 millones de pesos, mientras que OHL habla de sólo 273 millones de pesos, pese a que Pemex Refinación admitió, en la sesión extraordinaria de su Consejo (19 de febrero de 2013), que el contrato Cadereyta es por 13 mil 141 millones de pesos.

Debo desdecirme de lo afirmado al principio: Peña Nieto no tenía mejor timing para declarar inaugurada la “nueva cultura de la legalidad”: y no lo tenía porque en lo que va de su gobierno no ha habido mes sin escándalos de corrupción, algunos de los cuales lo involucran directamente. Cuando el río suena…

Twitter: @Dolores_PL

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