Opinión

Ofensiva empresarial

 
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disturbios CNTE (Cuartoscuro)

La aprobación de las reformas estructurales durante los primeros años de la administración Peña Nieto crearon un ambiente de empatía absoluta entre gobierno y empresarios. La instrumentación de las mismas se dio también en la misma lógica de coincidencia de intereses en todos los ámbitos. No fue sino hasta el momento cuando el escenario se le complicó al gobierno federal ante la CNTE, que los puntos de choque entre ambas partes comenzaron a surgir. Y es que la posición original del gobierno de no ceder un ápice ante la presión de la Coordinadora no pudo ser sostenida ante la fuerza demostrada por ésta.

La emboscada de Nochixtlán, y el sorpresivo e inexplicable resurgimiento de la capacidad movilizadora de la CNTE con financiamiento difícil de identificar en sus orígenes, así como la liberación de la mayoría de su liderazgo detenido por delitos mayores, pusieron al gobierno contra la pared, y le permitieron a los maestros disidentes ocupar espacios físicos y políticos de manera ilegal, saquear comercios, vejar a opositores, quemar vehículos y realizar todo tipo de actos vandálicos ante la pasividad de una autoridad escudada en la bandera de la tolerancia y la paciencia para intentar acordar algo con los casi levantados en armas.

Las acciones de la Secretaría de Gobernación destinadas a liberar ciertas carreteras, o permitir la realización de la Guelaguetza a pesar de que la economía oaxaqueña se ha desmoronado tras meses de ocupación de la CNTE, no fueron suficientes para restablecer las líneas de comunicación política con la iniciativa privada, quien supone que el gobierno federal se ha rendido ante la Coordinadora de una u otra forma. Y es que Peña Nieto y su gobierno se encuentran en un callejón sin salida en tanto no encuentren una forma de anular la capacidad movilizadora de la disidencia magisterial.

Si la utilización legal y legítima de la fuerza está vetada por consideraciones políticas, o por las limitantes propias de fuerzas de seguridad no capacitadas para detener a liderazgos protegidos por masas enardecidas poseedoras de armas de distinto tipo, entonces el tema tiene que dirigirse a la anulación del poder económico que parecía había desaparecido con la pérdida del control de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. De alguna forma, el dinero sigue fluyendo a las arcas del sindicato, lo que le permite mantener a éste el ritmo de movilización y la capacidad de violentar y mantener a raya a las propias autoridades.

La clase empresarial mexicana sabe bien que, más allá de diferencias en la forma y en el fondo de la negociación del gobierno con la CNTE, no existe posibilidad de ruptura con las autoridades, y que en todo caso tendrán que ser parte de la decisión que se tome en el momento en que se cierre todo tipo de opción negociadora con los disidentes magisteriales. A diferencia de conflictos anteriores en donde al final todo se resolvía con dinero y posiciones políticas y sindicales, aquí el problema central radica en que la reforma educativa aprobada es totalmente incompatible con la existencia misma de la Coordinadora y sus fines político-educativos.

La utilización legal de la fuerza por parte del gobierno, basada en procedimientos profesionales de actuación, no implica represión indiscriminada, ni la intención de exterminar a persona o agrupación determinada. Pero lo que es inadmisible es que la CNTE y sus aliados armados mantengan sentado al gobierno en la mesa de negociaciones, mientras prolongan indefinidamente el conflicto y simultáneamente sientan las bases para la cancelación efectiva de la reforma educativa en las entidades bajo su control. Para muchos oaxaqueños y chiapanecos entre otros, se trata también de ver perdido su patrimonio y años de trabajo. Lamentable.

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