Opinión

Oceanografía: La otra “célula criminal”

Michael Corbat, el director ejecutivo de Citigroup, estuvo el martes 13 de mayo en la ciudad de México y se reunió en el auditorio de Banamex con su equipo directivo. “Hay más de buenos tipos que malos en el banco”, dijo Corbat en su discurso transmitido por circuito cerrado a Guadalajara y Monterrey, al referirse a las acusaciones sobre ejecutivos de Banamex como presuntos responsables del fraude cometido por Oceanogragía. Le informaron que estaban colaborando con la PGR en la investigación y que, además, estaban coadyuvando con la investigación.

A finales de ese mes, en una reunión con inversionistas en Nueva York, Corbat dijo que el fraude cometido contra Banamex, propiedad de Citigroup desde 2001, se había debido a que varios empleados soslayaron las señales de alerta que debían haber reportado a sus superiores.

Citigroup ha despedido a 12 ejecutivos por estar relacionados con el manejo de la cuenta 144296633 de Banamex, que concentraba las cuentas de Oceanografía. Tres de ellos tienen orden de aprehensión desde el 12 de mayo pasado por su presunta comisión de delitos: Emilio Granja Gout, director de área que atendía a los sectores energético, eléctrico y químico; Alfonso Gerardo Ortega Brehm, director de Productos de Crédito de la Banca Corporativa; y Erick Cervantes Murillo, gestor comercial de ventas en la sucursal de Villahermosa, Tabasco. Corbat minimizó su papel en la reunión con los inversionistas, y los llamó simplemente personas indiscretas.

Pero los detalles de la investigación sugieren que Citigroup debe tomar más serio lo que está sucediendo con la información sobre el caso Oceanografía, y evaluar mejor hasta dónde puede llegar. De los 12 ejecutivos cesados en mayo, cuatro eran directores gerentes y dos de ellos reportaban directamente a Javier Arrigunaga, presidente ejecutivo de Banamex: Adolfo Herrera, director de Transaction Services, el área donde fue el quebranto, y José González Molina, director de Banca Corporativa, sobre quienes no hay orden de aprehensión. En total, de acuerdo con la investigación del fraude por más de cinco mil millones de pesos, unos 30 ejecutivos del banco están indiciados en el expediente, y hasta ahora siete de ellos han rendido declaración.

Los investigadores de la PGR identificaron en Banamex a una “célula criminal” que, aseguraron, se aprovechó de la estructura de organización lineal de Oceanografía, con “prestigio como una de las principales empresas dedicadas al ramo de los hidrocarburos”, y de su relación laboral con Pemex Exploración y Producción, para esconder sus delitos.

El periodo investigado del fraude por el cual se giraron las órdenes de aprehensión inició en septiembre de 2013 y terminó en febrero de 2014, en el cual se revisaron 39 contratos que recibieron créditos pese a estar solicitados con documentos falsos, de acuerdo con documentos del caso.

En esos contratos se registraron 166 “estimaciones”, que se refieren a documentos que se “asemejan” a facturas por cobrar, supuestamente expedidas por Pemex Exploración y Perforación, que fueron alterados por los ejecutivos de Banamex para realizar el quebranto al mismo banco. De acuerdo con la investigación, los ejecutivos del banco “ingresaron como estimaciones verdaderas” las 166 estimaciones, pese a que sabían, afirma la PGR, que eran falsas. Los principales ejecutivos de Banamex involucrados con las operaciones de factoraje de Oceanografía, Granja Gout y Ortega Brehm, celebraron un contrato regulador con la empresa, firmado por su principal accionista, Amado Yáñez Osuna, el 21 de septiembre de 2012, que establecía en su cláusula quinta, inciso 5.8:

“En ningún momento Banamex tendrá la obligación o responsabilidad de determinar o comprobar que los documentos que evidencian los derechos de cobro son válidos y legalmente exigibles, ni si su texto es correcto, ni si las firmas originales que aparecen en dicho documento corresponden a los firmantes, ni si las partes que celebraron dichos documentos contaban al momento de su celebración con facultades suficientes para ello”.

Este párrafo en el contrato regulador es un recurso de protección legal, pero para la PGR fue una prueba de autoincriminación. En la investigación, la PGR acusó: “Con tal actuar se infringía lo establecido en las Guías de Operación del Banco, con lo cual se establece plenamente que el personal bancario sabía que dichas operaciones podían ser falsas”. Funcionarios de Banamex aseguraron este martes que no fue una cláusula excepcional, sino un procedimiento “estándar”.

Personas que conocen la investigación federal notan una tendencia para hacer recaer las principales responsabilidades del presunto fraude en Banamex y sus ejecutivos, y no en Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía, o su socio –con 15 por ciento de las acciones– Martín Díaz Álvarez, a quien responsabilizó ante la PGR de todas las negociaciones financieras con el banco.

Los abogados de Banamex discrepan también de la PGR, que ha enfocado la operación de Oceanografía con el banco como un crédito directo, y no como factoraje. Es decir, el sustento del presunto delito por el cual acusan a sus ejecutivos, es falso o, en el mejor de los casos, tiene un fundamento legal endeble.

Pero el giro que le da la PGR a la investigación no parece justificar la posición pública de los más altos ejecutivos de Banamex y su dueña Citigroup. La investigación, que apenas está arrojando sus primeros resultados, es muy profusa y promete ser larga, tortuosa y llena de sorpresas.