Opinión

Obras inconclusas

 
1
 

 

Muestran las fallas de línea 12

Todos los que por alguna razón atravesamos la avenida Periférico a la altura de Calzada de las Águilas, al sur de la Ciudad de México, somos testigos de la ineficacia con que las administraciones recientes gestionaron los recursos de la ciudadanía para concretar la obra constructiva del segundo piso de ese mismo anillo de circulación. Una saliente de la carretera totalmente inacabada se demuestra a la ciudadanía como un verdadero monumento a la desorganización, a la displicencia con que una administración entrante ve las obras iniciadas por la anterior o a la arrogancia de cada uno de los gobernantes que asumen como suya, cada obra de infraestructura que eligen desarrollar.

No podemos sino permanecer temerosos de que ese episodio vuelva a repetirse al final de este sexenio, cuando tras el fin de la administración de Mancera quede en riesgo de paralización el segundo piso, en el tramo que une la entrada de la autopista de Cuernavaca y la avenida Viaducto-Tlalpan, también hacia el sur de la capital en la zona de hospitales.

Como estas obras, existen muchas más a lo largo de todo el territorio nacional, que demuestran la mezquindad de la clase política nacional, engolosinada con dejar proyectos para la posteridad, que se presentan y aparecen de la nada como colosales y costosas promesas, y muchas acaban por ser verdaderos hombres de hojalata, oxidados en el abandono.

El colmo de esta desventura lo seguiremos pagando en la misma Ciudad de México, y fue la contratación al vapor de vagones de tren inservibles para la ferrovía de la línea doce del metro, una obra de miles de millones de pesos que se utilizó con el único propósito de justificar la foto periodística que sirviera de detonante para la búsqueda de una candidatura que jamás llegó.

Ya desde ahora el sempiterno candidato ha anunciado por todo lo alto que de llegar a la Presidencia de la República detendrá de inmediato la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su lugar lanzará un proyecto alterno, más barato, que se adjudicará a constructores nacionales. ¿De verdad esto es posible?

Aplaudimos el hecho de que el secretario de Comunicaciones y Transportes haya salido al quite y haya declarado que el Nuevo Aeropuerto va, quien sea que llegue a la presidencia de la República, porque es justo que las obras de infraestructura que el país necesita no se dejen al gusto y sentir de quien ocupa la presidencia, la secretaría, la gubernatura o alcaldía de que se trate. México necesita proyectos de largo alcance y obras que cumplan esos requisitos, que no tienen razón por la cual construirse en seis o menos años. Hablamos así de una planeación democrática de largo plazo, de obras de infraestructura que estén, desde luego, bien ejecutadas y concretadas.

Pero la verdad de las cosas es que las afirmaciones del secretario no quedan en la voz de un interlocutor de la administración en turno, porque ese podría ser el dicho de cada cacique que ocupe la residencia oficial o el Palacio Nacional. Hablamos de toda una estructura constitucional y en el ámbito de la legalidad, que trasciende y se refleja en todo un universo contractual al que debe estar el gobierno del país, con independencia de quien sea el representante del Ejecutivo que haya sido electo.

El artículo 26 constitucional ofrece bases concretas al establecer que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

La Ley de Planeación es consistente con el anterior y consigna toda una serie de reglas que definen la esfera de atribuciones del Ejecutivo federal y los ejecutivos estatales en el diseño de los planes de desarrollo del país entero, y la intervención del Congreso general y los congresos estatales para su aprobación, como también para la solventación presupuestaria de los programas que como parte de esa planeación se deseen impulsar.

El punto clave tiene que ver con la obligatoriedad contractual relacionada con el desarrollo y con la necesidad de superar, en el futuro, la visión con la que cada administración desdeña los esfuerzos de las anteriores para perjuicio del propio contribuyente.

El segundo piso o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o Puerto Peñasco, son proyectos de infraestructura que se deben continuar, no sólo porque así se hubieran pensado, diseñado y contratado, sino porque desde un punto de vista económico y de eficacia, es el principio que a los mexicanos nos cuesta menos, nos sale más barato.

La aprobación presupuestal transexenal es vinculatoria para todas las administraciones del país, independientemente del partido político que la ocupe y gobierne, y el mejor entendimiento de este postulado acabará por convertirse en la mejor señal que nuestra clase gobernante pueda ofrecer al sector privado participante en todo el universo relacionado con la contratación gubernamental.

Así las cosas, ante la postura de impedir la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, será bueno tener siempre a la mano la gran pregunta que previamente su proponente deba responder ¿Y quién irá a pagar las consecuencias económicas de ese desatinado despropósito? Resulta que con el ánimo de ahorrar dinero, nuestros aspirantes electorales pueden abrir puertas alternas por la vía de la penalización contractual, que acaben por imponer costos infinitamente más altos a los que se pretenden esquivar.

Twitter: @Cuellar_Steffan

También te puede interesar:
Pesadilla de los desarrolladores
Proyección fiscal en época de campañas
Fuero implícito