Opinión

Objetivos claros

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Se siente ya el recorte al gasto público.

La verdadera decisión fiscal no es cuánto recaudar ni cómo, sino en qué y cuánto debe gastar el gobierno. Es decir, lo primero que debería un país decidir es qué responsabilidades le asigna al gobierno y en qué medida. Una vez definido eso, se puede calcular la cantidad de recursos necesarios y cómo distribuir su carga entre diferentes grupos de población.

Hasta fines del siglo XIX, los gobiernos tenían gastos muy pequeños. Prácticamente sólo gastaban en defensa, impartición de justicia, y un poco en seguridad pública. Paulatinamente se hicieron cargo de la educación, luego de colaborar en cuestiones de salud pública, y después de la Primera Guerra Mundial, en asuntos laborales: pensiones, seguros, vacaciones, etcétera.

Por eso el gasto pasó de significar 5.0 o 10 por ciento del PIB a fines del siglo XIX, a niveles de 60 o 70 por ciento del PIB en algunos países escandinavos hoy en día. El lado más envidiado de esos países es que cualquier ciudadano tiene todo “gratis”: educación, salud, prestaciones, y hasta apoyo para vivienda y vacaciones. Lo que nadie recuerda es que allá el cheque es la tercera parte de lo que uno cree que gana.

Si hay coincidencia general en lo que el gobierno debe hacer, entonces puede uno llegar a estos niveles de recaudación. Pero si los objetivos son muy dispares, entonces las finanzas públicas se convierten en el botín de la discordia. Por ejemplo, si un grupo cree que se debe financiar a los campesinos que producen poco, mientras que otro grupo cree que sería preferible financiar a las empresas que producen manufacturas, y otro considera que debe financiarse la producción creativa y artística, entonces todo se complica. Desde hace más de 50 años sabemos que las sociedades no pueden ponerse de acuerdo en nada, y que debemos encontrar mecanismos de negociación y de votación para llegar a decisiones. O bien, las decisiones pueden ser tomadas por una persona, o un pequeño grupo de personas, e imponérselas a los demás.

Durante el siglo XX en México tuvimos este segundo sistema, en donde un pequeño grupo de personas impusieron sus ideas a los demás. Para poder mantenerse en el poder, seleccionaron algunas ideas que les permitían conseguir el apoyo de grandes grupos de población a un bajo costo, y le llamaron a eso “política social”. Fue corporativismo, más bien, y en muchos casos clientelismo puro. El problema con esas decisiones es que implicaron financiar grupos de muy baja productividad, de manera que esos grupos crecieron a gran ritmo, y fueron invadiendo toda la economía. Hoy se llaman informales, y siguen siendo materia de simbiosis: apoyan a políticos que a cambio les permiten hacer uso de bienes públicos.

Bajo ese esquema, la carga de financiar se va concentrando cada vez más, y los objetivos de gasto nunca se revisan. La oferta del presupuesto base cero, para tener sentido, tendría que modificar esos objetivos de gasto, y originar el rechazo de más de la mitad de la población. En un sistema político que exige negociación y votación, eso es imposible.

Entonces, el sistema autoritario del siglo XX no sólo provocó nuestro fracaso en esos años, sino que nos ha heredado un problema de acción colectiva mayúsculo. No extraña que los nostálgicos de ese pasado propongan ahora una “nueva Constitución”: intentan que el corporativismo se formalice en la democracia, pero olvidan que eso no puede financiarse en el actual sistema político. Momentos interesantes, sin duda.

Twitter: @macariomx

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