Opinión

Obama y la orden ejecutiva

El pasado jueves el presidente Obama emitió una orden ejecutiva para otorgar derechos a cinco millones de indocumentados. La acción ejecutiva del presidente, recurso jurídico del titular de la Casa Blanca contemplada en la Constitución, pretende “forzar” al Congreso –ahora totalmente republicano y opositor a Obama– a asumir con responsabilidad el tema y los trabajos de un reforma migratoria integral.
Obama sustenta su acción en los antecedentes históricos de Reagan en los 80 para evitar la deportación de 200 mil ciudadanos nicaragüenses que se habían refugiado en Estados Unidos por la Revolución Sandinista, y también en otra acción del presidente Bush (padre) que la implementó para proteger a ciudadanos chinos y kuwaitíes.

El presidente Reagan fue el último que logró una operación considerable al otorgar ciudadanía y derechos a casi 10 millones de indocumentados. Hace casi 30 años y nunca ha vuelto a pasar.

Barak Obama convirtió el tema migratorio en una de sus banderas como candidato en 2007. Los analistas electorales afirman que fue el voto hispano el que le dio la ventaja para llegar a la Casa Blanca. En su reelección en 2012 perdió un porcentaje de ese voto, castigo por el incumplimiento de la promesa en torno a la reforma, pero de todas formas conquistó la mayoría del voto hispano o latino.

Obama se siente comprometido y no encuentra alternativa más que invocar a sus facultades ejecutivas para impulsar las medidas para conseguir una reforma, aunque sea parcial.

Según los números de registro en Estados Unidos, existen cerca de 11 millones 800 mil residentes sin documentos en su país. La acción anunciada por el presidente habla de cinco millones de personas. En este sentido, se trataría de un “concurso” donde aquellos que tengan un récord impecable, sin casos con la justicia, pago de impuestos y ninguna multa por tránsito, podrán calificar como aspirantes a quedar entre los cinco millones.

Pero el debate ahora escapa a lo migratorio y entra en lo político. Los republicanos en el Congreso se han manifestado en contra de la acción ejecutiva, John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que Obama “actuaba como emperador”. Ahora vendrá un debate jurídico de si tiene o no la capacidad política para aventurarse en este camino.

Si ambas cámaras –Senado y Representantes– reunieran más de dos tercios podrían echar abajo la acción del presidente y colocarlo en el más extremo de los fracasos. El llamado de Obama es que en enero el Congreso asuma las discusiones para presentar una reforma migratoria integral. Los republicanos se sienten forzados por la acción ejecutiva, pero de ninguna manera están obligados. Por el contrario, el efecto de la acción presidencial puede convertirse en un instrumento contrario que derribe las posibilidades reales de alcanzar la reforma.

Pero hay más. El Congreso tiene la facultad de asignar y distribuir los presupuestos, el Ejecutivo de operarlos. Los señores legisladores pueden “apretar” la asignación de recursos para la “legalización” y residencia de cinco millones de indocumentados, lo que en los hechos significaría asfixiar la implementación de la orden presidencial.

Ningún gobernador puede oponerse porque jurídicamente –es el debate de toda la vida– el manejo de las fronteras y el resguardo de los cruces es un tema federal, pero en la práctica son muchas corporaciones estatales las que ejecutan las medidas de persecución y vigilancia. Otro punto débil de la orden, considerando que hay tres gobernadores hispanos y republicanos contrarios a una reforma migratoria: Texas, Arizona y Nuevo México.

La estrategia de Obama es perfectamente legal, es procedente en el terreno político por el tema largamente pospuesto y rechazado, también cuenta con sustento histórico y antecedentes de otros presidentes. Con todo, los republicanos son capaces de buscar la forma de impedir que en los hechos se concrete la medida.

Twitter: @LKourchenko