Opinión

Obama y el Senado contra la mano dura en política de drogas

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Barack Obama en la correccional de Oklahoma. (AP)

SYRACUSE, Nueva York.- En la Cumbre de Líderes de América del Norte en agosto de 2009, Barack Obama probó ser un líder fiel a su mote “Cool Obama” (“controlado-Obama,” pues efectivamente es un tipo muy mesurado). El presidente Felipe Calderón comentó una idea prevaleciente en nuestro país y en prácticamente toda América Latina: Washington no hace lo suficiente por atrapar a los narcotraficantes. Obama, aunque no lo denotó, se molestó mucho.

El enojo no aireado de Obama tiene que ver con un tema muy cercano a su corazón: la política de mano dura contra los pequeños narcotraficantes no violentos que ha afectado enormemente a su comunidad, la afroamericana. Mientras representa sólo 13 por ciento total de la población y su uso de drogas es similar a las otras razas, la comunidad afroamericana aporta 30 por ciento de todos los arrestos por violaciones de drogas; más aún, participa con 40 por ciento de los encarcelados en prisiones federales por violaciones de drogas. Si se suma a los latinos, entre las dos minorías étnicas aportan 77 por ciento de los encarcelados en prisiones federales, mientras que representan 30 por ciento del total de la población. (estadísticas oficiales del Bureau of Justice.)

El julio pasado Obama se convirtió en el primer presidente que visita una prisión federal, donde tuvo una larga charla con seis prisioneros por ofensas de drogas no violentas. En la prisión, Obama comentó a los medios “ellos cometieron un error como la clase de errores que yo he cometido, inclusive ustedes mismos los han cometido, la diferencia es que ellos no han tenido estructuras de apoyo, segundas oportunidades, recursos; no se les dio la oportunidad de sobrevivir a esos errores.” (The White House, https://www.youtube.com/watch?v=3hGZ7AMk39Q).

Obama nombró al primer procurador general afroamericano Eric Holder. Holder, quien estuvo en el puesto más de seis años, en su discurso de despedida el pasado abril insistió en la necesidad de la reforma de justicia criminal: “somos una nación que encarcela a demasiados y por muchísimo tiempo y ha llegado la hora de cambiar ese sistema en uso por los últimos 30 o 40 años.”

Holder se refería a la guerra contra las drogas lanzada por Nixon en los 60 y reforzada en 1986 por Ronald Reagan, en que simplemente “barrían” con los pequeños traficantes de drogas. Por ejemplo, el Acta contra las drogas de 1986 instituyó una sentencia mínima de cinco años sin libertad condicional por la posesión de cinco gramos de crack-cocaína, pero otorga la misma sentencia de cinco años sin libertad condicional a la posesión de cantidades muchísimo mayores de cocaína en polvo (500 gramos). Los marginados, afroamericanos y latinos consumen crack –mucho más barato y dañino que la cocaína. Y efectivamente las discrepancias de la ley han llevado a tasas de encarcelación exageradas en las comunidades pobres.

Esta política de mano dura contra las drogas ha estado en la base para que Estados Unidos se convierta en el país con más presos en el mundo. Según la Organización Drug Policy Alliance, si bien representa menos de 5.0 por ciento de la población mundial, mantienen a cerca de 25 por ciento de la población presidiaria global.

Lo paradójico es que en la recta final de su presidencia, es probable que Obama y Holder, su exprocurador, dejen el legado que anhelaban: mejor justicia para los pobres. En una extraña acción bipartidista en tiempos de enorme polarización, el Senado está impulsando una reforma de justicia con enorme tracción: la Reforma a sentencias y correcciones de 2015 (S. 2123). Propuesta por el poderoso senador Grassley (republicano de Iowa) y con ocho afiliados republicanos y diez demócratas, la iniciativa representa justo una intersección de valores republicanos y demócratas: eficiencia gubernamental y justicia social. Durante la conferencia de prensa en que se presentó la iniciativa, el senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, conectó la tasa de encarcelación con el incremento en los niveles de pobreza y apuntó que las leyes, como la de 1986 que imponen sentencias mínimas obligatorias, han incrementado la pobreza 20 por ciento.

De ser aprobada, la Reforma de sentencias y correcciones afectaría únicamente al sistema penitenciario federal, pero se apunta que las legislaturas estatales aprovecharían sin dilación el antecedente federal para poner orden en un proceso de encarcelación literalmente desbordado.

México y América Latina entre imposición y autoconvencimiento, generalmente copian las tendencias en política de drogas de Washington. Así como hemos copiado la mano dura de Nixon y Reagan, es hora que miremos a esta nueva tendencia de mano suave en Estados Unidos. Nuestras cárceles, en extremo sobre pobladas (por ejemplo un 300 por ciento en El Salvador), están plagadas de quienes no pueden comprar la justicia. En México, la Suprema Corte acaba de dar un paso transcendental en contra de la mano dura, abriendo la puerta a la legalización de la marihuana por motivos recreativos.

Twitter: @RafaelFdeC

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