Opinión

Oaxaca, burócratas fuera de la ley

Lo que hay en Oaxaca es una revuelta de burócratas que el gobierno de la entidad no puede ni quiere controlar. Al contrario, se ha puesto de su lado al otorgarle carta blanca para sus actos de barbarie.

Los maestros de la sección 22 son trabajadores del Estado, es decir burócratas. Lo mismo que los profesores de la sección 59.

Y el gobierno estatal, en lugar de hacer cumplir la ley a los burócratas a su cargo, se ha puesto del lado de un bando y en contra de la Constitución federal.

No se trata de una pugna política que se dirime por esos cauces, sino de un pleito a garrotazos en que un grupo de burócratas impone sus intereses por la fuerza.

El Ejecutivo estatal se ha rebajado al nivel del pleito y ha perdido toda legitimidad para gobernar sobre las diferencias.

La semana pasada vimos a la barbarie en acción en la capital de Oaxaca, cuando maestros de la sección 22 de la CNTE arremetieron contra las oficinas de la sección 59 del SNTE.

Bloquearon las oficinas de la sección 59 en la ciudad de Oaxaca y después con lujo de fuerza derribaron puertas, se metieron al inmueble y destruyeron documentación y mobiliario.

De esa manera exigen que se les “devuelva” alrededor de 80 escuelas que quedaron bajo el control de la sección 59 luego de que los profesores de la 22 abandonaron a los alumnos a su suerte en una huelga contra la reforma educativa.

También bloquearon carreteras con camiones secuestrados.

Esos burócratas tienen un jefe, que es el gobierno del estado. Y el gobierno estatal es juez y parte en el conflicto: está del lado de los violentos y de los que transgreden la ley.

Todos ellos son trabajadores del Estado, desde el gobernador hasta el último rijoso que asalta camiones para usarlos como barricadas.

El gobierno de Oaxaca vive de las participaciones federales. Con los impuestos de todos los mexicanos se paga a maestros que no dan clases, que violan la ley a través de la violencia física, y se mantiene a funcionarios de un gobierno que no gobierna, sino que está en el ring del pleito entre sus subordinados.

Ni el gobierno estatal ni los maestros de la CNTE quieren implementar una reforma federal en materia educativa que fue aprobada con todas las de la ley.

La Suprema Corte va a decidir si la reforma educativa que aprobaron los legisladores oaxaqueños, al gusto de la CNTE y del gobernador, es constitucional o no. Y va a decidir que no lo es, que es contraria a la Carta Magna.

Oaxaca, en consecuencia, se va quedar en un limbo educativo, y en rebeldía contra la Constitución federal. Allá ellos si dejan que los intereses de una burocracia violenta se imponga sobre una reforma educativa federal y margine a un millón 300 mil niños de enseñanza de mejor calidad.

Sería indeseable que la Federación fuese a Oaxaca a imponer con tanquetas una reforma educativa que ni los maestros, ni el Congreso local, ni el gobernador quieren.

Pero también sería inapropiado que la Federación, con el dinero de todos los contribuyentes, mantenga a una burocracia parasitaria y violenta.

Twitter: @PabloHiriart