Opinión

Oaxaca, 28 de octubre de 1992

Fernando Ruiz Ruiz.

Investigador en Mexicanos Primero.

www.mexicanosprimero.org

Twitter:@fruiz_ruiz

Hace unos días, el Gobierno de Oaxaca solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarar si la reforma educativa respetó los principios de autodeterminación de los pueblos indígenas. El tema es importante porque abre la oportunidad de exigir rendición de cuentas sobre la educación que reciben las comunidades indígenas oaxaqueñas, uno de los grupos sociales más vulnerados en su acceso efectivo a contar con una educación de calidad; y también porque la estratagema del gobierno de Cué revela motivaciones políticas, no educativas.

La iniciativa de Ley Estatal de Educación, elaborada conjuntamente por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Sección XXII, es prolija para otorgar facultades y obligaciones respecto a la diversidad lingüística. Es deseable un avance radical en dicha agenda, pero en el texto, ya leído en detalle, muestra que dicha propuesta es una cobertura de intereses mezquinos y materiales.

Aunque hay indicios de la tragedia educativa sufrida por las comunidades indígenas oaxaqueñas, ignoramos los datos. El bloqueo de la Sección XXII a la aplicación de las prueba ENLACE y PISA, el rechazo al concurso de oposición para el otorgamiento de plazas docente, haber impedido la evaluación de maestros de primaria de 2012 y el censo educativo de 2013, nos deja sin información al respecto. La opacidad y la forma rudimentaria con la que se conducen las áreas operativas, controladas sindicalmente, también dificultan contar con un diagnóstico preciso.

Es inhabilitante para la acción pública no conocer el número y la función de los docentes, los niveles de logro de los alumnos de escuelas indígenas respecto de aquellos de escuelas urbanas o particulares, la preparación de los egresados de la Normal Bilingüe e Intercultural respecto a sus pares de otros estados, o el nivel de desempeño de los docentes de primaria de la Mixteca respecto a los de Valles Centrales.

Un dato clave: 63% de las escuelas ubicadas en comunidades indígenas no funcionan con educación intercultural acorde a sus necesidades lingüísticas. Aunque es sólo un indicador aislado, ayuda a delinear la inequidad educativa; paradójicamente el dato es proporcionado por la propia Sección XXII, la cual a pesar de dominar la gestión educativa desde hace décadas, no ha sabido ofrecer algo mejor, a la altura de su verbosa retórica indigenista.

El próximo 28 de octubre se cumplen 22 años del modelo oaxaqueño de control sindical sobre la política educativa y los maestros.

Adicionalmente, la alternancia política de 2010 proporcionó a la Sección XXII una importante consolidación política. Por ello, no sólo las autoridades educativas son responsables de la inequidad hacia los pueblos indígenas, sino también a la Sección XXII, pues la predominancia de la Coordinadora ha sido exitosa en ofrecer ventajas laborales a los adultos, pero omisa en hacer efectivo el derecho de los niños a aprender.

Aunque la solicitud hecha a la SCJN se da en el marco de la controversia constitucional emprendida por el gobierno federal, el acto evidencia a un Gobernador incapaz de terminar con el pacto político que lo une a la dirigencia sindical. Su administración parece empeñada en evadir una agenda de transformación educativa y en desviar el debate para ganar tiempo e invadir la esfera ya no sólo de la Federación, sino ahora también la del INEE, institución autónoma que ya realizó, como corresponde a sus atribuciones legales, las consultas con las comunidades indígenas sobre la evaluación. Resulta ofensiva, por hipócrita, la defensa que ahora hace de los intereses de los pueblos indígenas cuando al mismo tiempo protege la estructura institucional culpable de su desastre educativo.

Es importante que el gobierno de un estado como Oaxaca cuente con un mandato legal que sea claro e impulse la educación intercultural bilingüe, pero que ello no se tome como pretexto para mantener e incrementar estructuras burocráticas y de autoritarismo vertical que ya han probado su ineficacia. Oaxaca tiene que emprender una reforma doblemente ambiciosa: terminar con el dominio sindical y construir una nueva autoridad educativa, abierta a la pluralidad social; una reforma que libere a los maestros del control ideológico y político al que se encuentran sujetos y que cree las condiciones propicias para que sea en las aulas donde el contexto cultural se incorpore en la formación de los niños oaxaqueños.

La transformación de Oaxaca no podrá lograse si la implementación continúa en manos de los dirigentes sindicales de la Sección XXII. El reto histórico de los diputados oaxaqueños no sólo consiste en elaborar una nueva pieza legislativa, sino en liberar a la educación de las ataduras que la tienen postrada desde hace 22 años.