Opinión

O se aplican, o el destino los alcanzará

 
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ME. ¿Y qué viene para el peso?

El eje de nuestro sistema de coordinación fiscal es el municipio, no es exagerado afirmar que no hay un rincón de nuestro territorio que no sea municipal, excepto la CDMX.

De los dos mil 445, la mayoría –cuatro quintas partes– tienen menos de 50 mil habitantes y se concentran en el sur-sureste. Está comprobado que mientras más pequeño y atomizado sea el municipio, la pobreza es más alta y la prestación de servicios, como educación y salud, más cara.

Nuestro agotado pacto fiscal, el desinterés de los munícipes y el subdesarrollo, han dejado a estados y municipios potestades de bajo potencial recaudatorio. En el caso municipal, apenas significan 1.0 por ciento de la recaudación nacional. Del discurso federalista a la realidad, hay un gran trecho.

Con todo, el orden municipal es menos dependiente que el estatal, respecto de las transferencias: mientras en estos últimos los ingresos propios están entre 10 y 15 por ciento del total, en los municipios alrededor de una tercera parte son propios. En ambos casos hay áreas de oportunidad no aprovechadas, aun con la debilidad de las potestades estatales, ya sea por la pobreza de su base tributaria, porque la riqueza catastral está mal repartida o por la política mal entendida que ha deteriorado la recaudación de la tenencia, y en el caso del predial, por temores políticos infundados.

Otro día comentaré el caso de 'los paraísos fiscales estatales de la tenencia', que entorpecen el trabajo de los que sí quieren cobrar.

Pero el predial es otro asunto, ya que la tierra no se puede mover, como los vehículos, y eso potencia el costo de oportunidad que se desperdicia.

Persisten malas prácticas en la coordinación intergubernamental que afectan al municipio: en primer lugar no tienen un espacio en el sistema, ni directo, ni indirecto; sin embargo, para los nuevos gobiernos no es fácil visualizarlo. La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) no contempla la obligatoriedad de crear sistemas estatales de coordinación fiscal en cada estado; algunos lo tienen, pero son pocos y funcionan más por decisión política de algunos gobernadores que porque la ley los obligue, por eso son volátiles.

Se han dado muchos casos de estados cuyas secretarías de Finanzas no pagan completas ni a tiempo las participaciones, se quedan con recursos adicionales, o no cumplen ni transparentan el cálculo y el pago de las mismas. Ya se revisarán.

No tienen incentivos, ni apoyos para cumplir con las metas de la armonización contable.

En el caso del gasto federalizado, reciben recursos de dos de los ocho fondos del Ramo 33, del FAIS y del Fortamun, cerca de 136 mil millones, el 21 por ciento del total de Ramo, capítulo V de la LCF. Por el lado de los subsidios, el Fortaseg, cuyo gasto lo autoriza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con cuatro mil 921 millones de pesos para este año.

Todos han sido revisados por la ASF, excepto el subsidio de seguridad que es nuevo, y han sido recurrentes en las observaciones por un uso incorrecto de los recursos. Son fallas recurrentes como la falta de documentación comprobatoria del gasto, recursos aplicados en conceptos no autorizados, transferencias a otras cuentas, pagos improcedentes, bienes no autorizados, en acciones que no benefician directamente a la población en pobreza extrema, etcétera.

Se tendrán que aplicar con las EFSL ya, o el destino los alcanzará.

Hay acciones que pueden ser útiles, como la de la asociación intermunicipal, de solicitar, si hay abuso, el pago directo de una parte de sus participaciones, presentar iniciativas legislativas o que sus congresos puedan ampliar el plazo de sus mandatos, que desde mi punto de vista es mejor que la reelección.

Además capacitándolos en materias como administración tributaria, ejercicio del gasto, armonización contable y en la transparencia.

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