Opinión

Nuevo Comité Ciudadano para combatir la corrupción

 
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ME. Esfuerzos anticorrupción en México carecen de urgencia.

Ayer se eligieron a los cinco integrantes del Comité Ciudadano que presidirá al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Por la calidad profesional, vocación cívica y carácter personal de los elegidos, puede tratarse de un punto de inflexión para derribar los obstáculos políticos para combatir la corrupción en México.

No soy creyente de las explicaciones voluntaristas de la marcha de la historia –aquellas que adjudican las grandes transformaciones a la voluntad individual de las personas–, pero en el tema de la impunidad en México, a pesar de los avances normativos que se han dado (leyes, recursos, instituciones), la falta de motivación y voluntad –la complicidad– han sido el mayor obstáculo para combatir la corrupción con oportunidad y eficacia.

Aun con las leyes incompletas y deficientes que existían antes de la promulgación del SNA, el gobierno (los gobiernos) podría haber contenido y sancionado el peculado, el tráfico de influencia y el soborno y así evitar la multiplicación del abuso que llevó, la semana pasada, a que México cayera 28 lugares y apareciera en el lugar 123 de 176 países analizados por el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado por Transparencia Internacional. La peor calificación que recibe México desde que se publica el índice en 1995.

El nuevo Comité Ciudadano presidirá (a través de un representante) a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Fiscalía Anticorrupción (cuyo titular será nombrado en las próximas semanas), de la Secretaría de la Función Pública, a un representante del Consejo de la Judicatura Federal, así como a los presidentes del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entidades que forman parte del SNA.

El Comité tiene diversas facultades, entre ellas dar seguimiento al funcionamiento del SNA, proponer indicadores para medir la corrupción, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política anticorrupción por parte del gobierno y de las otras instituciones.

Asimismo, puede proponer la emisión de recomendaciones no vinculantes.

Aunque el Comité Ciudadano no podrá competir ni en capacidad operativa ni en atribuciones ni en presupuesto con las instituciones que ahora debe supervisar, puede construir la autoridad y la credibilidad social para llamar a cuentas a sus titulares a fin de que expliquen los resultados de sus acciones, las omisiones en que incurren y se vean forzados a desempeñar con oportunidad muchas labores que en los hechos son detenidas por razones políticas o por desinterés.

La ASF ha señalado que las denuncias de hechos que interpone ante la Procuraduría General de la República (PGR), por ejemplo, no surten efectos porque el Ministerio Público cuenta con poco personal y éste no se encuentra debidamente especializado para la investigación de hechos de corrupción, así como por la falta de coordinación al interior de la PGR. Una de las primeras labores que puede realizar el nuevo Comité de Participación Ciudadana es solicitar un informe a la PGR de las denuncias presentadas, su seguimiento y una explicación detallada de por qué no actuaron sobre ellas. Y a partir de ahí exigir que cada una de ellas se concluya.

Un riesgo de los órganos colegiados es su burocratización: tan pronto reciben presupuesto para oficinas, asesores y chofer, algunos integrantes de estos órganos se vuelven adictos a la fama, los medios y su función se corrompe.

Asimismo, siendo elegidos por los partidos políticos, muchos consejeros o comisionados se convierten en sus delegados. El experimento del nuevo comité ciudadano del SNA puede ser diferente, puesto que es la primera vez que los integrantes son elegidos por otros ciudadanos (una comisión de selección integrada por nueve representantes de organizaciones de la sociedad civil y algunos académicos).

Los elegidos son Mariclaire Acosta (activista de derechos humanos), Alfonso Hernández Valdez (académico y exfuncionario del IFAI), José Octavio López Presa (comisionado fundador del IFAI y exfuncionario público), Luis Manuel Pérez de Acha (abogado litigante) y Jacqueline Peschard (académica de la UNAM y excomisionada presidenta del IFAI y exconsejera del IFE).

Twitter: @LCUgalde

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