Opinión

Nueve reflexiones sobre Ayotzinapa

 
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Marcha Ayotzinapa

1. Ayotzinapa se convertirá en el símbolo de la indignación nacional y será recordado en el futuro como lo fue la “noche de Tlatelolco” por varias décadas. Alrededor de la tragedia de Iguala se desarrolla una narrativa de indignación y coraje por la corrupción, la impunidad y el abuso del poder. Ya no importan las causas reales y quiénes son los verdaderos culpables: en el imaginario popular la noche de Iguala es la tragedia de un México de violencia, desigualdad y mal gobierno. La protesta va más allá de los 43 desaparecidos. Cada día, cada mes y cada año que pase sin saber la verdad será gasolina para alimentar la protesta. Ésta bajará de tono con el paso del tiempo, o bien, se mezclará con otros grupos y movimientos y podría desembocar en protestas más violentas.

2. Claramente hay un círculo de activistas con agenda propia que lucran con la tragedia humana y exacerban los sentimientos populares; claramente hay grupos radicales que han existido en Guerrero desde hace décadas y que ven una oportunidad histórica para hacer una lucha revolucionaria; pero también hay miles y quizá millones en México que están del lado de los débiles porque del otro lado han visto impunidad y abuso por décadas.

3. Al margen de lo que ocurra en los próximos meses con la investigación que ofreció el gobierno, la reunión de los padres de los normalistas con el presidente Enrique Peña Nieto es un hecho positivo. Después de que el gobierno fue acusado hace un año de no atender el caso a tiempo y de ser indiferente ante el dolor de los familiares de las víctimas, este acto da la señal de que se busca ser más empático y continuar la investigación.

4. El pliego petitorio de los padres de Ayotzinapa comunica dos mensajes fundamentales. Primero, la exigencia de que el jefe del Ejecutivo esté –por razones políticas y morales– del lado de la verdad y usar todos los medios para conocer los hechos tal como ocurrieron. Segundo, que el Estado reconozca los errores cometidos y haga lo necesario para enmendarlos.

5. El hecho de que la investigación continúe abierta refuta la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam. Ahora el gobierno tiene la responsabilidad de explicar qué pasó con esa versión, sobre qué bases fue fundada y qué implica que esa explicación avalada por el gobierno hace pocos meses sea ahora cuestionada. Se requiere aclarar quién engañó a quién. Si el procurador lo hizo con el presidente de la República o si engañaron al propio procurador. En ambos casos habría un problema muy grave de actitud o de desempeño profesional y legal del exfuncionario que debe ser investigado y, en su caso, sancionado.

6. Ahora bien, puede ser que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) carezca de solidez y de pruebas –en realidad es una auditoría de la investigación– y que ese sea el origen del cuestionamiento: que una auditoría endeble sea más potente para derribar la “verdad histórica” –no porque tenga méritos científicos o periciales– sino simplemente porque el gobierno carece de toda credibilidad, aun y cuando su investigación haya sido profunda y sólida. Mientras el gobierno sea incapaz de defender con argumentos su versión de los hechos, prevalecerá el cuestionamiento. Es tanta la falta de confianza en la autoridad, que cualquier dicho o estudio –al margen de su solidez– es suficiente para poner de rodillas al trabajo de la Procuraduría General de la República.

7. Si el gobierno está obligado a la verdad, tenemos que renunciar a la exigencia de que esa verdad sea además “políticamente correcta”. No se puede descartar, por ejemplo, que algunos de los estudiantes hayan estado involucrados con el crimen organizado o que, sin su conocimiento, el quinto camión haya traído consigo algún cargamento de droga. La búsqueda de la verdad abre una variedad de posibles resultados que tenemos que estar listos para aceptar. Pero si parte de la nueva verdad histórica implica narrar el papel de algunos estudiantes con el crimen organizado –si ese fuera el caso– la versión será rechazada con mayor furia.

8. Se comenta que el procurador Murillo habría transmitido a los padres de los normalistas que había un quinto camión que fue abandonado por los estudiantes en cuanto lo sacaron de la Central de Iguala y que podía contener un cargamento de heroína. Se dice que los padres habrían solicitado mantener la información confidencial para no criminalizar a los jóvenes. Que el gobierno habría sido receptivo a cambio de que la protesta se moderara. Si esa explicación fuese cierta, es necesario saberlo. Ser condescendiente con el dolor de los padres y ocultar parte de la verdad no exime de responsabilidad a la autoridad que haya transado. Tampoco exime a los padres de su responsabilidad moral.

9. La verdad es una de las vías para cerrar la herida de Iguala, incluso a costa de que el gobierno acepte que fue un crimen por omisión del Estado o que diga que fue debido a un pleito entre cárteles con todas las implicaciones de pérdida de confianza y legitimidad que ello trae consigo. La otra vía es reconstruir el sistema de justicia. Resolver Iguala es resolver el abuso, la corrupción y la impunidad. Sin ese rostro de impunidad, el gobierno –los gobiernos– no estarían pagando el costo político que ahora enfrentan.

Twitter: @LCUgalde

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