Opinión

Nuevas rondas de apertura comercial: ¿Habrá beneficios?


 
 
La semana pasada se anunció la conclusión de las negociaciones de la Alianza del Pacífico, lo que consolidará la apertura comercial de México, Colombia, Chile y Perú, países entre los que ya existían acuerdos de libre comercio, en distintas modalidades, alcances y cobertura. El último fue el Acuerdo de Integración Comercial México-Perú a mediados de 2012, que se aprobó en el Senado en medio de una gran polémica y oposición de los productores agropecuarios.
 
 
Aunque todavía se desconocen los detalles específicos del acuerdo, aparentemente la Alianza del Pacífico busca ratificar la apertura comercial entre los cuatro países y profundizar algunas de las medidas pactadas en los acuerdos con Colombia y Perú, como eliminar en un plazo de 15 años los impuestos a las importaciones fuera de periodos convenidos o 'estacionalidades' en varios productos agrícolas sensibles (uva, ajo, espárrago, cebolla, chiles, papa y atún), lo que de facto es una apertura adicional. La Alianza del Pacífico se suma a la desgravación arancelaria unilateral que instrumentó la administración anterior, a fines de noviembre de 2012 en 48 bienes agrícolas y 165 productos químicos provenientes de países con los que México no tiene acuerdos de libre comercio. Por cierto, sin el consenso de los sectores afectados.
 
 
Sin duda, la apertura comercial ha aportado y aporta beneficios a México; el más evidente es el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que permitió multiplicar por casi 7 veces las exportaciones mexicanas a esos países (de 44.5 en 1993 a 298.8 miles de millones de dólares en 2012); significó mayor disponibilidad y calidad, a mejores precios, de múltiples productos para el consumidor mexicano; y se tradujo en una elevada generación de empleos y valor agregado en diversos sectores como el automotor y el de electrodomésticos.
 
 
En ese marco, la apertura comercial es favorable cuando implica reducir costos por acceso a insumos más baratos y de mejor calidad y/o cuando induce mayor competencia y competitividad en los sectores productivos, aunque ello signifique una reducción de ingresos para los productores nacionales. No obstante, esos beneficios potenciales tienen límites, dados por hasta dónde es factible reducir los costos y/o incrementar la competitividad. Al alcanzarse esos límites, el efecto es contrario: quiebra de empresas y pérdida de empleos, a favor de otras economías.
 
 
Los tratados comerciales de México con 44 países y las reducciones arancelarias unilaterales que se han instrumentado con naciones con la que no hay acuerdos, en un contexto en que existen problemas y rigideces para reducir costos y aumentar la competitividad --como las características de la tenencia de la tierra en el sector agrícola; el acceso, costo y plazos del financiamiento; la calidad y disponibilidad de la infraestructura; la calificación de la mano de obra; las condiciones de competencia en telecomunicaciones, que se traducen en precios muy elevados para los usuarios; etc.--, parecieran indicar que nuestro país está cerca de esos límites.
 
 
Ello cobrará especial relevancia en la negociación del denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que está en proceso y busca convertirse en el fundamento del Acuerdo de Libre Comercio de Asia-Pacífico. El TPP involucra 12 países de esa región (Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Estados Unidos, Perú, Vietnam, Malasia, Canadá, Japón y México) a los que previsiblemente se sumará Indonesia, y sectores con los que México enfrenta competencia directa: cárnicos y lácteos con Australia y Nueva Zelanda; textiles con Vietnam, Malasia e Indonesia; azúcar y café con Vietnam y Malasia, así como otros productos del trópico húmedo y los intensivos en mano de obra. Ojalá las autoridades y los representantes de los sectores hagan un profundo balance del costo-beneficio en esta negociación y no prevalezca el dogma de que “toda apertura comercial es benéfica a cualquier costo”.
 
 
 
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