Opinión

Nuevas reglas, pero para todos

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deuda

En estos días le comentaba a usted cómo durante el siglo XX se construyó un sistema político en México que ganó su legitimidad con un discurso socializante. Fortaleció ese discurso con subsidios, transferencias directas, laxitud en leyes, que consolidaron el sistema corporativo. Precisamente por eso, aunque parezca un asunto histórico, no lo es. Tanto el discurso como buena parte de la estructura de las finanzas públicas siguen respondiendo a esa lógica.

Como ocurrió en todas partes del mundo con ese tipo de sistemas (autoritarios, colectivistas), fracasamos. Las cosas empezaron a fallar en 1965, y sólo el endeudamiento externo permitió postergar los cambios. Posposición que incrementó el costo del ajuste, y que se hizo inevitable a inicios de los años ochenta. A partir de 1986 empiezan los cambios de fondo, siempre con el gobierno tratando de transformar la economía pero sin perder control de la política.

La primera etapa de cambios resultó en la profunda crisis de 1994-95, que obligó a liberar la política más allá de lo que esperaba el gobierno. La secuencia de Legislaturas que comentamos ayer indica el proceso en el que los partidos aprenden a convivir en una nueva lógica, finalmente llegando a una segunda etapa de cambios en la que nuevamente se busca limitar, ahora en materia de aplicación de la ley.
Pero otra vez las cosas se complican, y no quedó más que abrir el paso a la construcción del Estado de derecho. El Congreso aprueba una Ley de Transparencia y un sistema anticorrupción que superan por mucho lo que estaban dispuestos a aprobar originalmente.

La desaparición del poder presidencial a partir de 1997 abrió el espacio a los fácticos: monopolios, sindicatos, gobernadores, que paulatinamente se han ido subordinando a la nueva estructura de poder. Pero también permitió la transformación y crecimiento del crimen organizado, que sólo hace unos años empezó a tener resistencia seria.
La continuación del proceso en que vamos exige terminar la reducción del crimen organizado, la subordinación de los poderes fácticos y la construcción, pospuesta un siglo, del Estado de derecho. Son, en realidad, tres perspectivas diferentes de un mismo problema: la modernidad inconclusa. Someter a todos a las mismas reglas, sean poderosos criminales, empresarios, lideres sociales o políticos es un único proceso. Tratar de aplicar la ley nada más a uno de estos grupos es imposible. Son todos o ninguno.

Al crimen organizado se le enfrenta con fuego, pero no solo. Su reducción exige romper las redes de complicidades de empresarios, líderes y políticos. A los “monopolios” hay que forzarlos a la competencia y obligarlos a pagar impuestos, como se está haciendo. A los líderes sociales, no nada más sindicales, hay que aplicarles transparencia, misma que sumada al sistema anticorrupción empezará a reducir la corrupción.

Insisto en que es un proceso en el cual nos convertimos en una economía abierta (1994), una democracia (1997), libre de restricciones regulatorias (2013), y estamos ahora empezando a construir el Estado de derecho. Nada de esto funciona de un día para otro, pero empezar es de la mayor importancia, y ya lo hemos hecho. En cada paso, se han producido enojos y reacciones, algunas muy violentas, otras muy duraderas.

Llevamos 30 años de un proceso que a Estados Unidos le costó 100, y a Europa Occidental, 300. Visto así, yo diría que no vamos nada mal.

Twitter: @macariomx

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