Opinión

Nuevas reglas, nuevos objetivos

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Ilustración

Para terminar con esta semana en que tratamos de poner en perspectiva lo que estamos viviendo, permítame conectar los procesos de cambio con el tema presupuestal. El lunes veíamos que las finanzas públicas tienen problemas, que deben resolverse analizando en qué gastamos, como decíamos el martes. Pero revisar los gastos exige replantear los acuerdos sociales, que entre miércoles y jueves traté de describir en qué situación se encuentran.

Más fácil, la idea de hacer un presupuesto base cero significa revisar en qué gasta el gobierno y cuánto. Si gastamos en algo que no es necesario, o si gastamos demasiado, podremos entonces identificar y corregir. El problema con esto es definir qué es necesario y qué no.
Durante el siglo XX, decíamos, quienes alcanzaron el poder construyeron una alianza con diversos grupos mediante el uso de recursos públicos. Principalmente con centrales campesinas y sindicatos, a través de subsidios y transferencias, pero también con empresarios (a los que cobraban pocos impuestos). La carga se impuso a la clase media, que mediante impuestos, precios elevados y baja calidad, financiaba al resto. Eso es lo que empezó a cuartearse en los sesenta, se derrumbó en los ochenta, y ha sido paulatinamente sustituido en los últimos 20 o 30 años.

Estamos terminando el proceso, con la decisión de acotar a los poderosos: criminales, empresarios, líderes y políticos. Para eso es la guerra contra el crimen, las reformas y las leyes de transparencia y anticorrupción. Sin embargo, el proceso también exige que hagamos una reconsideración de los objetivos de gasto que hemos asignado al gobierno. Por ejemplo, el compromiso con los agricultores, que en los años treinta tenía mucho sentido, hoy debería pensarse de forma diferente. La convivencia con los sindicatos, otro tanto. En cambio, la inversión en los servicios que requiere la clase media deben fortalecerse notoriamente: educación, salud, desarrollo territorial y urbano, entre otros.

Esta transformación va exactamente en sentido contrario de la apuesta del siglo XX mexicano, y por eso provoca tantas reacciones. Mientras que antes celebrábamos a obreros y campesinos, y denostábamos a empresarios y empleados, el camino en que vamos nos lleva en dirección opuesta. Y para muchos resulta muy difícil aceptar el cambio, porque se interpreta como una traición. No es eso, sino una derrota. La apuesta se perdió, y México tiene que recuperar el tiempo perdido en ella. El camino que lleva al crecimiento económico y la democracia es el que se centra en la clase media, no en obreros y campesinos, ni en políticos-empresarios, ni en criminales organizados. Hasta el día de hoy, es el único camino en esa dirección.

Esto significa que la política social debe ahora tener objetivos muy claros y concretos, medibles. Los instrumentos de cooptación que en el siglo pasado se vendían como política social son ahora inaceptables. Más grave es aún el caso de Agricultura, en donde prácticamente no hay política de desarrollo ni ambiental, sino simple corporativismo y asistencialismo. Y el uso de la educación como instrumento de control de profesores, o la energía como mecanismo de enriquecimiento de sus sindicatos, y ejemplos similares, deben también terminar.

El objetivo de la educación, ahora, debe ser preparar a niños y jóvenes en la incertidumbre propia de la democracia y la competencia económica. Ya no en la repetición, al absurdo, de cuentos legitimadores, disfrazados de historia y ciencias sociales.

Pero, ya lo decía, habrá seria oposición a estos nuevos objetivos del gobierno, a esta nueva dirección del país entero. La ha habido por 30 años, la seguiremos viendo.

Twitter: @macariomx

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