Opinión

Nuevas fronteras y otros escenarios

24 enero 2017 5:0
 
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tlcan

Primero. Las marchas organizadas para demostrar su rechazo al presidente Donald Trump en el primer día de su administración, demuestran un contundente rechazo de la ciudadanía a todas esas partes de su discurso que, a lo largo del tiempo, fueron encaminándose a derribar un valioso andamiaje que el expresidente Obama construyó durante su mandato con el objeto de defender derechos preciados por distintas minorías.

No deja de causar cierto asombro el contraste que arroja la posibilidad de que una política de ese tipo se impulse en un país que ha sido tremendamente crítico cuando se trata de valorar el respeto que por los derechos humanos tiene y encausa el gobierno de México.

Es además admirable ver cómo, en nuestro país, acciones de ese tipo podrían fácilmente truncarse con la intervención de poderes constituidos mucho más eficaces, como el Poder Judicial de la Federación a través de los juicios de Amparo o de Controversia Constitucional, que siempre tendrían como premisa el imperativo de respetar irrestrictamente, siempre de la manera más favorable posible, los mismos Derechos Humanos a los que nos referimos en la medida en la que se reconocen también por los convenios internacionales.

Segundo. Al entrar en vigor el TLCAN muchas empresas mexicanas debieron asociarse para subsistir, con el inesperado desenlace de haber desaparecido para permitir que consorcios estadounidenses se hicieran de la posición que hasta antes del propio acuerdo comercial aquellas ocupaban, ese fue el caso de Grupo Cifra (Aurrerá), en su asociación con Walmart y la creación de Walmart de México.

Muchas fuentes de trabajo en empresas dedicadas a las ramas industriales y de servicios se perdieron con la llegada de consorcios estadounidenses, porque gozaban de mucha mayor experiencia y esquemas de financiamiento inexistentes para las empresas mexicanas, acostumbradas al proteccionismo que provenía de la era de la “sustitución de las importaciones”. Empresas del ramo textil, mobiliario, de autoservicio, dulcero, juguetero y electrónico, entre otras, simplemente dejaron de existir.

La argumentación que enarbola la administración estadounidense entrante, con miras a proteger las fuentes de empleo de su propio país, pareciera no provenir de la principal potencia económica mundial. Se antoja absolutamente injusta, en la medida del costo que se ha impuesto a las empresas mexicanas para ser competitivas. A pesar de que el costo del aprendizaje fuera tan alto, el éxito debe ser positivamente evaluado: la migración de la manufactura al territorio nacional no viene ocurriendo por el bajo valor de su mano de obra, sino también por su alta capacitación y especialidad. Hoy tenemos trabajadores que han sido formados para competir globalmente.

Tercero. El replanteamiento de la relación binacional ha ocupado un lugar primordial durante la campaña política de los EEUU, y el anuncio de que tan pronto como el próximo treinta y uno de enero se reunirán los Presidentes de ambos países para discutir la manera en que dicho proceso tendrá lugar, pone de relieve la importancia que dicha relación tiene no sólo para México, sino también para nuestros vecinos.

Con independencia del rumbo que tome la reapertura del tratado, y la intensidad con la que se discutan los temas que definan la agenda, es primordial que el Gobierno de México --y los mexicanos con respecto a su propio gobierno--, tengan siempre presente que nuestro país no es el mismo al de hace dos décadas, y que la mano de obra mexicana calificada, precisamente a partir de la entrada en vigor del propio acuerdo comercial, es tan o más valiosa que el capital y el merchandising que tan hábilmente han venido posicionando nuestros interlocutores.

Cuarto. La competitividad nacional se impulsó ante el mundo entero alrededor de la gran vecindad de nuestro país con el mayor mercado del planeta y el acuerdo que le permite exportar bienes libres de aranceles, siempre y cuando se asegure un porcentaje mínimo de contenido nacional.

Con posterioridad al TLCAN, México ha negociado una docena de acuerdos comerciales que permiten obtener un tratamiento fiscal similar con mercados igualmente importantes, como el de la Unión Europea, Japón, Israel, o Chile y Colombia, por mencionar algunos. La mano de obra, la diversificación de la producción, y el marco jurídico para la realización de actividades empresariales en México, se han puesto a la vanguardia.

Ante la posibilidad de perder los beneficios de la apertura a la exportación de bienes libre de aranceles a los EEUU, México no debe de perder de vista que su competitividad no está ceñida a los casi 3200 kilómetros de frontera en el norte, y darse cuenta de que tiene ante sí la apremiante necesidad de impulsar el progreso en las otras fronteras que han sido olvidadas a lo largo de los años: Mazatlán y Veracruz, y todos los demás puertos nacionales en los que encontramos la capacidad para impulsar el crecimiento hacia cualquier otra latitud. En el fondo, el problema podría tener que ver con encontrar la adecuada compensación fiscal del flete.

Quinto. En el derecho internacional, los tratados se rigen por el principio del “pacta sunt servanda”, que significa que los acuerdos se firman para cumplirse, de buena fe. Una modificación sustancial de la relación comercial entre México y los EEUU, desde un punto de vista estrictamente jurídico, debería de pasar por la terminación del propio Tratado, en los términos de sus propias disposiciones internas; sin embargo, eso no es suficiente para culminar la proposición de imponer tasas impositivas a las importaciones hasta del 35%.

México y los EEUU son también partes firmantes de GATT y de la OMC que le sobrevino, y la relación entre ellos se circunscribe a todo un cúmulo de compromisos internacionales que, de llegarse a evadir, conllevaría a una serie de consecuencias y responsabilidades internacionales que se deberán sopesar ante cualquier intento de infracción.

La realidad que impone la importancia de la relación comercial misma, que está por encima de sus gobiernos, obligará a que las medidas que se deban asumir no suplanten situaciones de hecho existentes que son preponderantes, ni atropellen derechos y realidades que, ante todo, son las más convenientes para todos.

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