Opinión

Nueva Ley de Obra Pública

 
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Línea 12. (Cuartoscuro)

El 10 de diciembre de 2014, víspera del Guadalupe-Reyes, con 377 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. La nueva ley, iniciativa del Ejecutivo federal, busca fortalecer los procesos de planeación, reducir los costos de operación, incrementar la competencia, transparencia y rendición de cuentas. El desarrollo económico del país requiere de una ley con todos estos atributos (qué tal la cifra de 300 mil millones al año de obra por cuenta del gobierno federal). Sin embargo, para que sea de clase mundial, la minuta de los diputados requiere de importantes ajustes y cambios en el Senado.

No será la primera vez que este Senado juegue un papel clave en la enmienda, corrección y mejora de las iniciativas de ley que ha recibido de la Cámara de Diputados de la actual Legislatura: la Ley de Competencia Económica, la Ley de Transparencia, la Ley de Acceso a la Información, incluso las reformas de telecomunicaciones y de energía, sufrieron ajustes fundamentales en el Senado.

La necesidad, urgente, está todos los días en los medios: presuntos hechos de corrupción o graves errores en la construcción de obras: Estela de Luz, Viaducto Bicentenario, Línea 12 del Metro y muchas, muchas, muchas otras.

El Senado no debe, en este contexto, legislar al vapor. Sería muy útil que aprovecharan el verano trabajando (junio y julio) en foros de discusión serios, talleres de trabajo y análisis legislativo para corregir, fortalecer y mejorar la minuta votada por diputados. La nueva ley debe considerar las tecnologías de punta para una mayor y más eficaz competencia, rendición de cuentas, supervisión y ejecución de la obra.

Por ejemplo, la versión actual no tiene una visión integral de las tres principales fases de la obra pública, de tal manera que se regule adecuadamente lo que sucede en la precontratación, la contratación y la postcontratación. Tampoco promueve la inclusión de nuevos procesos de contratación que actualmente se reconocen en las buenas prácticas internacionales. Urge pues trabajar -desde el Senado con autoridades, sector privado, académico y sociedad civil- en una ley que todos podamos defender.

Twitter: @julio_madrazo

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