Opinión

Nos cierran el pico

 
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PVEM. (Cuartoscuro)

Eso dijo en tono de reclamo el representante del Partido Verde (el partido del tucán de pico largo, amarillo y curvilíneo) durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando le impusieron una multa de 67 millones de pesos por desacatar una orden para suspender la difusión de los llamados cineminutos, bajar propaganda fija y no contratar promocionales similares. Según el consejero presidente del INE, el desacato es grave, “pues es la primera vez que un partido hace caso omiso de la orden del organismo para detener la difusión ilegal de propaganda”.

A pesar de la suspensión y de la multa impuesta (que aún será litigada en el Tribunal Electoral), la campaña “El Verde sí cumple” ya surtió efecto. Según dos encuestas de Parametría publicadas aquí en EL FINANCIERO, el partido se ubica ya alrededor del 10 por ciento de la intención del voto, eso es, cuatro puntos arriba que su votación en años recientes. Que el Verde haya subido su umbral de votación aun antes de que inicien las campañas tiene tres implicaciones.

La primera es una afrenta para el PRD que está en riesgo de perder su membresía al club de los tres grandes partidos y formar parte de un segundo nivel junto con Morena y el Verde. Es probable que a partir de septiembre tengamos una nueva configuración del sistema de partidos: en lugar de tres arriba y la “chiquillada” abajo, se podría dar una configuración en tres niveles: dos grandes arriba (PAN y PRI), tres en medio (Verde, PRD y Morena) y el resto en la planta baja.

La segunda consecuencia del éxito de la propaganda del Partido Verde es que la coalición gobernante asegura ya una mayoría en la Cámara de Diputados. A pesar de que el PRI redujera su votación y su número de curules (actualmente tiene 214 legisladores), su alianza con el Verde y también con Nueva Alianza podría darle la mayoría absoluta: cada punto que pierde el PRI puede recuperarlo vía el Verde.

La tercera consecuencia es que enseña que es redituable desacatar la orden de una autoridad y caminar en los linderos de la ley electoral: la multa de 67 millones y el retiro de la propaganda son cosa menor frente a los flujos crecientes que ese partido recibiría a partir de 2016 como resultado de contar con más legisladores y un mayor porcentaje de votación. Se trata de decenas de millones de pesos adicionales de financiamiento del INE y de más subvenciones al grupo parlamentario en la Cámara baja.

Si la legislación electoral vigente fue aprobada por unanimidad en 2003 y 2014 –que según sus proponentes daría certeza a las contiendas y mayor equidad–, ¿por qué hay litigios entre partidos aun antes de que inicien formalmente las campañas federales el 5 de abril? Apenas se estrena la legislación electoral y las nuevas reglas no generan certeza.

Por ejemplo, el Partido Verde argumenta que su campaña publicitaria es legal. Tiene parcialmente razón. Según la ley electoral y algunas sentencias del Tribunal Electoral, los legisladores, igual que los gobernadores o alcaldes, pueden difundir en medios electrónicos los informes de sus labores siete días antes y cinco después de que ocurran sin que se considere propaganda electoral (en el ámbito de su demarcación política, aunque la interpretación del Tribunal fue que al ser legisladores federales, se justificaba la transmisión nacional). El Tribunal también estipuló que los informes no se pueden realizar dentro del periodo de campañas (que inician hasta el 5 de abril). Al no existir una fecha para que los legisladores puedan rendir sus informes anuales de labores, ese partido escalonó los informes de varios legisladores desde fines del año pasado y por esa vía tuvo transmisiones constantes en cadena nacional con el mensaje “El Verde sí cumple”.

Se puede reprochar a ese partido violar el espíritu de la ley, pero el hecho es que parte de la culpa de este abuso es de los legisladores que han facilitado una simulación por parte de muchos gobernantes y legisladores quienes, al amparo de sus informes de labores, se promueven a nivel nacional gastando cantidades ingentes de dinero. Ese es el problema: dejar huecos en la ley por los que se mete la humedad.

Otro problema es que el Congreso ha sido omiso en regular la publicidad personalizada que se prohíbe en el artículo 134 constitucional. Aunque la acusación contra el Verde no fue por este motivo, hay muchos gobernadores y alcaldes –algunos de quienes ahora compiten para otro cargo– que han hecho promoción personalizada por la falta de una reglamentación en la materia.

Finalmente, otro asunto de conflicto permanente es la promoción de programas sociales durante procesos electorales. Después de 20 años de que el tema ha estado en el candelero de la discusión pública, cada elección se da la misma discusión y los partidos opositores acusan al gobierno de usar programas con fines electorales. Parece increíble que después de tantas reformas electorales no haya reglas aceptadas de lo que se puede y no se puede hacer en una campaña electoral. Mientras esos pleitos callejeros sean lo que llama la atención pública, será muy difícil pasar al pleito de las ideas y de las propuestas. Todavía no empieza el recreo y los niños ya se están peleando en el salón de clase.

Los partidos ya han regresado a la mesa del INE: subieron el costo político al Partido Verde y han construido una contención a los que llaman consejeros del bloque pro PRI. Pero si ese partido, con su aliado verde, ganan la mayoría de las diputaciones y gubernaturas en disputa el 7 de junio, sus adversarios tienen ya un argumento (más los que se acumulen en las próximas semanas) para impugnar la elección a partir del 8 de junio.

Twitter: @LCUgalde

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