Opinión

No todo es complot

   
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INEGI

Hay mentiras, hay malditas mentiras y hay estadísticas. Así reza el dicho. Es muy difícil para el público identificar si la metodología que se siguió para alcanzar una cifra es válida. Por lo tanto, las personas responsables de producir y publicar estadísticas siempre tendrán ante sí la tentación de manipular los datos. Ahí está el ejemplo de las encuestas de preferencias electorales, que de forma casi sistemática son cuchareadas para favorecer a determinados candidatos (que casualmente suelen ser los favoritos de quienes pagan la encuesta).

Sin embargo, esto no quiere decir que la información estadística no pueda ser confiable, o razonablemente confiable. Ciertamente es muy difícil identificar posibles trampas en un muestreo, o en el protocolo para la realización de un cuestionario. Sin embargo, también es muy difícil lograr que una institución “siga línea” en el establecimiento de criterios técnicos, si no se tienen mecanismos efectivos para presionarla. Ahí está la diferencia entre una casa encuestadora, que depende de los contratos de un puñado de clientes, y una institución independiente.

Por ello es muy cuesta arriba argumentar, como se ha hecho en los últimos días, que la nueva metodología para la medición de la pobreza del Inegi, en concreto el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), responda a un esfuerzo por “echarle porras” al gobierno de Peña Nieto.

El Inegi es una de las instituciones más profesionales del Estado mexicano, con un prestigio internacional bien merecido. Es también una institución verdaderamente autónoma. Por una parte, la Junta de Gobierno del Inegi se integra por personas que han sido nombradas a lo largo de varios años, con el apoyo de una pluralidad de fuerzas políticas y que tienen una trayectoria profesional importante. Es decir, le deben el puesto a sus propios méritos en mayor medida que a sus padrinos políticos. Por otra parte, el Inegi no es como la mayoría de las dependencias de la administración pública federal, donde cada sexenio los funcionarios en puestos clave son removidos del cargo y reemplazados con allegados del presidente o el secretario en turno. Por el contrario, el Inegi tiene una burocracia profesionalizada y relativamente estable.

Por supuesto, el Inegi, como toda organización, es susceptible a vicios y a decisiones arbitrarias. Sin embargo, el riesgo en una institución como el Inegi no es la subordinación al Ejecutivo, sino la tendencia a encerrarse en sí misma y tomar decisiones que no contemplan el contexto y las necesidades de la sociedad. En opinión de algunas personas que conocen bien al Instituto, este fenómeno se ha observado en varias decisiones, algunas de las cuales pueden ser bastante más graves que las recientes modificaciones a la ENIGH.

Un caso fue la sustitución del conteo 2015 —que daría seguimiento a los ejercicios que se realizaron en 1995 y 2005— por una encuesta intercensal. Con este cambio se logró un ahorro significativo de recursos. Sin embargo, se perdió una gran cantidad de información útil. A pesar de que para la encuesta intercensal 2015 se contó con una muestra de seis millones de hogares, el ejercicio no produjo cifras desagregadas que sólo es posible recopilar por medio de un levantamiento universal de información.

La encuesta intercensal no permite conocer, como hubiera sido posible con un conteo, la dinámica poblacional en localidades con menos de 50 mil habitantes, o en pequeñas unidades territoriales al interior de zonas urbanas. Lo anterior nos impide evaluar, por ejemplo, cuáles han sido los factores que en los últimos años han propiciado que una colonia gane o pierda población, un tema fundamental en materia de planeación urbana. La sustitución del conteo por la encuesta intercensal fue una decisión con consecuencias mucho mayores que las modificaciones a la ENIGH. Sin embargo, pasó desapercibido porque la dinámica poblacional es un tema con menor impacto político que la medición de la pobreza.

Es difícil emitir una valoración sobre las recientes modificaciones a los criterios metodológicos de la ENIGH. En estos casos inevitablemente hay un trade off entre incorporar mejores prácticas (que permiten reducir posibles sesgos de medición) y mantener la comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo. Sin duda estamos ante un caso de pésima comunicación por parte de Inegi y Coneval en un tema políticamente sensible. Sin embargo, no todo es complot. El Inegi está muy lejos de ser como su contraparte argentino, el INDEC, que hace unos años cedió ante presiones de la expresidenta Cristina Kirchner y manipuló de forma descarada la medición de la inflación (los trabajadores que se opusieron fueron amedrentados o despedidos). El debate sobre la información que genera el Inegi siempre será sano. Es, a fin de cuentas, un debate sobre la confiabilidad de las cifras con las que evaluamos a nuestros gobiernos y construimos nuestra historia nacional. Ojalá sea un debate constructivo y contribuya a consolidar a una de las pocas instituciones públicas de las que podemos sentirnos orgullosos los mexicanos.

Twitter: @laloguerrero

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