Opinión

¡No reaccionen… no reaccionen!

10 febrero 2014 4:18 Última actualización 03 septiembre 2013 5:45

Antonio Cuéllar Steffan
 
 
¿Puede usted imaginar el sentimiento de frustración, de impotencia, de dolor, de enojo y de rencor que atravesó por los corazones de todos esos hombres y mujeres uniformados, que ante los embates de cobardes encapuchados, atacantes anónimos, debían soportar disciplinadamente y sin posibilidad de respuesta alguna, no sólo las humillaciones y las patadas, sino hasta el peligroso atentado de alcantarillas lanzadas de canto contra sus espinillas, con toda la fuerza de los delincuentes?
 
 
No tengo palabras suficientes para honrar, para reconocer y agradecer la entrega de esos mexicanos, de carne y hueso, que han arriesgado su vida y su integridad a lo largo de estos días, con la única finalidad de permitir el cumplimiento de objetivos más altos que se ha propuesto el Gobierno Federal y para conservar el orden y la poca cordura que todavía existe en esta caótica capital. Es con relación a este tema, precisamente, que quiero compartir con usted la reflexión de este septiembre que comienza.
 
 
El Poder Legislativo ha procesado y transitado con éxito indudable un cúmulo muy sustancial de reformas que pretenden  transformar a México. Casi todas importantes, no son sino acaso algunas las que auténticamente tocan fibras sensibles de la idiosincrasia nacional: la reforma laboral y la educativa; la propiedad inmobiliaria de extranjeros en la zona prohibida.
 
 
Si hacemos un análisis de nuestra historia constitucional reciente, podremos darnos cuenta que a lo largo de las últimas décadas se han venido modificando disposiciones específicas de la Carta Magna que han ido otorgando una nueva identidad al Estado mexicano: la reforma a nuestro sistema electoral; el replanteamiento de la relación entre el Estado y la Iglesia; la modificación de la tenencia de la tierra para usos agrarios.
 
 
La verdad es que habiendo atravesado la reforma educativa el alto escalón que tenía ante sí, sólo resta la reforma energética para poder decir que, en México, todo su pueblo ha logrado concretar una revolución pacífica, una transformación que deja en el pasado distintos “dogmas” o “tabúes” sobre los que se sostuvo el Estado. ¿Existiría algún otro que pudiera sobrevivir?
 
 
Sí, desafortunadamente los encabezados de hoy dan muestra de un estigma con el que hemos venido cargando desde hace cuarenta y cinco años: la descalificación irracional y sistemática de cualquier intervención de la fuerza pública, por legítima que sea, para conservar el orden y la vigencia auténtica del Estado de Derecho. En México, sus ciudadanos somos ilógicamente sensibles a la presencia policial, y existe una tendencia injusta y desequilibrada a calificarla como represiva e intolerante, típicamente antidemocrática.
 
 
El 68 no se olvida y quizá no se deba olvidar, pero si Alemania y Polonia han logrado establecer un nuevo diálogo que favorece intereses recíprocos, deberíamos tener la capacidad de entender la historia y formular los replanteamientos necesarios que permitan, sin cambiar el rumbo democrático e incluyente por el que muchos jóvenes dieron su vida en ese año, abrir el camino para que el Estado cumpla la función de policía que por naturaleza propia le corresponde.
 
 
Porque no hay cabida a este equivocado entendimiento de que todo uso de la fuerza es ilegítimo, cuando las normas jurídicas que se deben observar y hacer cumplir son esencialmente coercitivas. Un Estado democrático es aquel en el que se cumple la ley, y las muestras de insurgencia exhibidas fotográficamente este lunes, no dan cuenta de un movimiento magisterial unido y con un propósito justificado, sino de grupos bien organizados que, en el cobijo de un reclamo social -que por esta ocasión no cuestiono-, potencialmente válido, disimulan un propósito abiertamente desestabilizador, ostensiblemente contrario a los intereses de la Nación.
 
 
Estamos a un mes de que se cumpla un aniversario más de la masacre de Tlatelolco. No existen condiciones sociales que pudieran llevarnos a cuestionar el proceso democratizador en que México se encuentra. Ante la presencia de movimientos que buscan la desestabilización nacional, ¿cuál debe ser la reacción del Estado? Ni la fuerza pública contra la ciudadanía, ni la tolerancia indebida contra la ilegalidad. Justa utilización de la fuerza para someter a todo aquél que persiga descarrilar la visión de un país mejor que todos estamos construyendo. Una anhelada refundación del Estado Mexicano, en búsqueda de la seguridad y la estabilidad.
 
Profesor de amparo.