Opinión

No más botín Pemex

Pemex es una institución de 76 años, vieja y mal conservada; se acerca a sus 80 con serios padecimientos de salud corporativa: caída de producción, baja productividad, incapacidad tecnológica para ir a aguas profundas, escándalos de corrupción, entre otras.

Oceonografía ha sido el “regalo” que la historia le da en este aniversario. Las notas periodísticas sobre la manera de operar del señor Amado Yáñez son dignas de una novela de realismo mágico. El enramado de relaciones, abuso de poder, influencias, obras no terminadas, documentos falsos y fraudes, hace imposible pensar que Pemex tuviera en manos de Yáñez al 38 por ciento de nuestra flota petrolera. ¿Cómo ocurre que una empresa de esta calaña, es decir Oceonografía, se haga de contratos multimillonarios durante tantos años con la petrolera del Estado? Muy fácil: todo es en lo obscurito y entre muy pocos.

La reforma energética en curso busca cambiar la raíz de este problema, e inyectarle salud y nueva vida a Pemex. México debe tener un mercado de energéticos, con competencia, transparencia, rendición de cuentas; y no un sector monopolizado por los intereses públicos y privados que han extraído (asaltado) de él rentas y privilegios amparados por la Constitución. Ejecutivos, Sindicato, empleados, proveedores, transportistas, todos se han beneficiado del botín.

La reforma le da facultades a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para realizar licitaciones, asignación de ganadores, suscripción y administración técnica de los contratos. Por esto es la Comisión, y no la Secretaría de Energía, la que ha sido diseñada para estar a cargo de dichos procesos.

Lo anterior es un gran paso, y quienes conformen la Comisión deberán de ser personas con toda la capacidad técnica, experiencia y honorabilidad, capaces de conducir los procesos de licitación y contratación de manera distinta.

Sin embargo, habría que ir más lejos. Todo proveedor del Estado, de Pemex, CFE, IMSS, etcétera, al que se le adquieran bienes o servicios por montos mayores a los 50 millones de dólares al año, debería ser una entidad pública, que cotice en la bolsa.

Obviamente ser público y tener un gobierno corporativo no es necesariamente la panacea, pero significaría un nivel de transparencia y escrutinio, del que las empresas privadas carecen; y le daría mucha mayor información al Estado de con quién está trabajando.