Opinión

No disparen a la
reforma penal

    
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El principal tema que preocupa a los ciudadanos con un 53 por ciento, es la inseguridad, revela encuesta de Mitofsky. (Cuartoscuro)

La inseguridad en el país va en aumento. Regiones hasta ahora relativamente estables empiezan a enfrentar curvas crecientes de incidencia en homicidios, secuestros, extorsión y robos. La inseguridad no es más la excepcionalidad de las entidades con fuerte presencia del crimen organizado. Las zonas de producción, rutas de trasiego o las fronteras de paso ya no concentran el grueso de la actividad delincuencial. En buena parte del país, sobre todo en núcleos urbanos, la delincuencia común va en ascenso. Las muertes violentas han dejado de ser monopolio exclusivo de rivalidades entre cárteles o de enfrentamientos entre éstos y la autoridad. La tasa de homicidios dolosos en la Ciudad de México, por ejemplo, ha alcanzado el nivel más alto en los últimos 20 años. Las ejecuciones se metieron a las estaciones del Metro como consecuencia del creciente narcomenudeo. Dejamos al Cártel de Sinaloa para hablar ahora del Cártel de Tláhuac. Los 'chineros' se han apropiado impunemente de las calles de La Merced. Los asaltos se ejecutan a mano armada y en plena luz del día. El secuestro se ha disparado por encima de los casos que reportan estados como Chihuahua, Morelos o Michoacán. La capital del país es el cuarto lugar nacional en casos de extorsión, por encima de Sinaloa o Tamaulipas.

El discurso oficial en la Ciudad de México pasó de la negación a la coartada. En la ciudad no pasaba nada, se dice, hasta que entró en vigor el Nuevo Modelo de Justicia Penal. El pretexto de moda es que el cambio de reglas trajo el delito a la ciudad y abrió los márgenes de impunidad. El problema, nos explica el jefe de Gobierno, es que la prisión preventiva ya no se puede utilizar para todo como sucedía tan sólo unos cuantos meses atrás. La presunción de inocencia como principio vertebral del modelo resultó una mala idea. El otro inconveniente es que los acuerdos reparatorios y, en general, las salidas alternas al juicio penal son supuestamente la causa de que el delincuente regrese a las calles. Se les detiene en flagrancia, convienen con el Ministerio Público y la víctima y regresan como si nada a delinquir. De ahí que la solución consista en reestablecer los sesgos autoritarios del viejo modelo: detener para investigar, recluir para disuadir, restringir los derechos procesales para suplir la incompetencia de policías y ministerios públicos.

El cambio de modelo penal supone la mayor transformación jurídica de la historia reciente. La transición, todos los sabíamos, no sería fácil ni pacífica. El mayor reto desde siempre fue adaptar las capacidades de los operadores jurídicos a los paradigmas que definen al modelo acusatorio, a los nuevos estándares de calidad que se implican en una construcción institucional basada en derechos. Y es que ahí está el principal déficit de implementación. Muy pocas entidades federativas se prepararon para la mudanza. Prácticamente ninguna reformó a su policía y a sus ministerios públicos. A un año de la entrada en vigor, la fotografía es de desastre: las policías no investigan, tenemos fiscales de denominación y no de perfil, las salidas alternas están bajo el asecho de corrupción, las víctimas no están asistidas por defensores competentes. Según evaluaciones independientes, la mitad de las carpetas de investigación no se mueven y la mitad de los casos consignados son con detenido; es decir, en razón de la flagrancia y sin investigación de por medio. Por errores, negligencia y falta de liderazgo en la implementación, la reforma se deslegitima progresivamente y crece el apetito por la regresión. La puerta giratoria es un arma poderosa para infundir miedo, enojo y, sobre todo, para justificar la restauración del sistema penal autoritario.

La ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva o la limitación de las salidas alternas al juicio son rutas falsas, paliativos engañosos que desnaturalizan seriamente a la presunción de inocencia y a la racionalidad restaurativa de los procedimientos penales. Un peligroso precedente para compensar la negligencia de la autoridad, a costa de los derechos de los ciudadanos.

El problema de la inseguridad en el país y, en especial, en la Ciudad de México, se debe a fallas estructurales en la prevención, a la debilidad de nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia, a la falta de creatividad para innovar y para experimentar. Es una crisis mucho más profunda que aspectos cuestionables de una reforma. Es la crisis de autoridades que simplemente no saben qué hacer para contener el desastre.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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