Opinión

No bastan las buenas intenciones

El problema social de nuestro país es uno de sus más grandes retos. Para atacarlo a fondo se requieren dos cosas: voluntad política y recursos económicos suficientes y sustentables. Para lograr estos últimos, es indispensable que crezca la economía a niveles muy superiores a los que lo ha hecho en los últimos decenios (alrededor del 2 por ciento anual, cuando debiera crecer al 6 por ciento), que se capturen ingresos suficientes a través de esquemas fiscales adecuados y que la riqueza generada se invierta en beneficio de la sociedad en vez de que se despilfarre, mal invierta, se la roben o quede acaparada por un pequeño grupo privilegiado. Tan fácil o tan difícil como esto.

Que se pretenda resolver los problemas sociales, -en el caso a que nos vamos a referir a través de la Ley de Pensión Universal- sin contar con los recursos suficientes, es demagogia, pura y simple demagogia que tarde o temprano cobrará la cuenta. “Que cargue el que viene, yo ya cumplí con mis promesas de campaña”.

La precariedad de una gran parte de nuestra población es lastimosa, verdaderamente lastimosa: 52 millones de personas sumidas en la pobreza y cerca de 72 millones con falta de acceso a la seguridad social. El 60 por ciento de la población económicamente activa está ocupada en la economía informal.

El desarrollo económico debe traducirse en generación de empleos dignos. En la actualidad alrededor del 56 por ciento de la población gana tres salarios mínimos o menos, mientras encontramos remuneraciones a políticos o altos ejecutivos que sobrepasan los 500 mil pesos mensuales o más, más beneficios. Remuneraciones representativas de la injusta distribución de la riqueza que caracteriza a nuestro país, una de las más injustas del mundo. Por otra parte, las prestaciones que las empresas públicas (Pemex, IMSS, CFE, etc.) ofrecen a sus trabajadores son incomparablemente mayores a las que perciben la enorme mayoría de aquellos que trabajan en el sector privado, particularmente en el de las MiPymes. Otro ejemplo dramático de cómo se distribuye la riqueza en México, ¿no sería lógico pensar que los trabajadores del IMSS gozaran de las mismas prestaciones de las que gozamos los asegurados en esta institución?

¡Qué bueno que se piense en la pensión universal! Pensión que en su máximo, dentro de 15 años, sólo alcanzará mil 92 pesos mensuales, pero que absorberá un porcentaje del PIB que no soporta nuestra precaria economía.

La reforma fiscal, ese bodrio que nos recetaron el año pasado y que se han comprometido a no modificarla en lo que queda del sexenio, no recaba los fondos suficientes, pero sí perjudica la marcha de las empresas. En el 2013 se ofreció que crecería nuestra economía al 3.9 por ciento y sólo alcanzó el 1.1 por ciento. Este año repiten la oferta, pero el comportamiento de la economía en los primeros meses no es congruente con lo que se nos ha propuesto. Si nuevamente resulta un crecimiento insuficiente, notablemente insuficiente, la confianza se desplomará y no habrá discurso que la recupere. Hechos y no palabras es lo que necesitamos. Y los mexicanos queremos, exigimos dos cosas principalmente: fuentes de trabajo dignas y seguridad para nuestras personas y propiedades.

¡Qué bueno que contemos con la Ley de Pensiones Universales que acaba de aprobar la Cámara de Diputados! Una ley, por cierto, que beneficia no sólo a quienes están dentro de la economía formal, sino también a los de la informal. Pero el dinero para cumplir con los compromisos a que da lugar, ¿de dónde provendrá?

El autor de esta columna es Presidente de Sociedad en Movimiento.