Opinión

Negocios -y corrupción- binacionales

Marco A. Torres*

No hay duda que el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos es un elemento cada vez más importante para la economía de las dos naciones, y que esto sin duda se acentuará en el futuro inmediato con las reformas energética, fiscal y de telecomunicaciones, que, aún con titubeos, avanzan en nuestro desempoderado Poder Legislativo.

Este crecimiento económico de la línea divisoria México-EU es una excelente noticia para esa zona y para sus habitantes, pero no carece, desde luego, de una cara oscura, manifiesta a través de corrupción y de inseguridad, que no hay aduana ni cerco fronterizo que las paren.

Y para observar las dimensiones de esta cara oscura, basta leer, en inglés o en español, los titulares recientes de la prensa o de los noticieros, donde han destacado dos botones de muestra, en donde participaron empresas mexicanas y estadounidenses, y la noticia se originó en Estados Unidos, por las acciones legales iniciadas por el Departamento de Justicia de Washington, ante la penosa inacción y desconocimiento inicial de las autoridades mexicanas. En ambos casos figura Pemex, empresa para la que se elaboró la reforma constitucional más vistosa para los hombres de negocios del mundo.

Primero, el vergonzosamente cuantioso quebranto sufrido por Citigroup por el no pago de un crédito de más de 500 millones de dólares otorgado por su filial mexicana Banamex a la tristemente célebre proveedora de Pemex llamada Oceanografía, dinero entregado con un aparente desapego a las normas de verificación que caracterizan a los bancos, sobre todo uno tan grande y tan antiguo como Citibank, que en este caso prestó más de 7 mil millones de pesos con menos requisitos que los que enfrenta un empleado que le pide prestados al banco 100 mil pesos para comprar un auto.

Después, la gigantesca “mordida” de 1.5 millones de dólares (unos 20 millones de pesos) que habrían pagado ejecutivos de Hewlett Packard a funcionarios de Pemex para recibir un contrato de ventas de computadoras por 6 millones de dólares (unos 80 millones de pesos).

Este caso, que puede llevar a la cárcel a funcionarios bancarios y petroleros de ambos lados de la frontera, representa también un monto de “moche” (25 por ciento) demasiado elevado aún para los estándares de la corrupción gubernamental mexicana, donde lo típico es un 10 por ciento, menos de la mitad que en las seguramente sobrepreciadas computadoras de la paraestatal.

Además de estos casos de grandes corporaciones, llama la atención el desusadamente alto grado de presuntas corruptelas gubernamentales en el lado estadunidense de la frontera, justo en la región donde más mexicano se sienten en el bordo norte del Bravo: en McAllen, región donde 9 de cada 10 habitantes habla español y es de origen mexicano.

En efecto, en la zona de McAllen-Edinburg-Mission, 600 mil personas hablan español, y ahí en las últimas tres semanas, han caído por presuntas corruptelas:

1.- Esta misma semana, el alcalde de Progreso, Texas, Omar Vela, junto con su padre y un hermano que preside el distrito escolar de esa comunidad, se están declarando culpables de solicitar sobornos a proveedores de gobierno a cambio de contratos de proveeduría y de obra pública. Los cohechos confesados suman unos 5 millones de pesos, y el caso fue investigado por el FBI.

2.- El Sheriff del Condado de Hidalgo, cuya sede es McAllen, Lupe Treviño, renunció hace dos semanas a su puesto, ocupado desde 2004, como resultado de un escándalo generado por la detención de su hijo y nueve de sus subordinados confesos de participar en actividades de comercio y protección para traficantes de cocaína. Tres presuntos narcotraficantes de origen mexicano también confesaron su participación en estos hechos.

3.- El administrador municipal de la ciudad de McAllen, Mike Pérez, optó por tomar un plan de retiro el pasado 31 de marzo, luego de ser demandado por acoso sexual por parte de una de sus colaboradoras. Pérez se retiró y su colaboradora dejó su trabajo.

La corrupción es un reto binacional, y los gobiernos de ambos lados de la frontera tienen la tarea de combatirla para que ésta sea una zona competitiva en la economía global.

*El autor es consultor en medios periodísticos, empresariales y de seguridad.

Correo: marcotorres@convalor.mx