Opinión

Necedades electorales

 
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INE

Una señal de que el debate público en México carece de aprendizaje, de progreso y de sentido acumulativo es la repetición, a veces ad nauseam, de los mismos temas y en ocasiones necedades que han probado ser malas ideas o que ya han sido discutidas con antelación con algunas conclusiones parciales que nadie toma en cuenta. En diversos temas, como el electoral, se repiten propuestas sin valorar experiencias o discusiones previas.

No se trata de coartar la libertad de plantear nuevamente un tema relevante. Pero sería muy saludable que quienes lo hacen tomen en cuenta argumentos previos para progresar en la conversación pública.

En los últimos días se han revivido algunos viejos debates, y cuando digo “viejos” no me refiero al siglo pasado, sino incluso al año 2015.

Por ejemplo, esta semana senadores del PAN, con el respaldo de la bancada del PRD, solicitarán la creación de una comisión especial que dé seguimiento a los procesos electorales. Su objetivo es garantizar la legitimidad de las elecciones en las 13 entidades que las celebran este año. De acuerdo con un comunicado de prensa de senadores del PAN, “los delitos electorales tales como el turismo electoral, la inequidad en la contienda, el financiamiento ilícito, (…) intimidación a los votantes o la obstaculización de los comicios constituyen conductas que afectan los principios rectores de la función electoral y vulneran los derechos políticos de los ciudadanos”.

La primera observación es que estas comisiones se han propuesto en años anteriores sin que tengan resultados relevantes. En 2013 se creó una comisión especial para contribuir a que “se haga uso transparente y sin fines políticos de los programas sociales (…) e inhibir actos de presión o coacción a los electores que pongan en riesgo la equidad y certeza en las elecciones”. Y fue ese año cuando el PAN denunció un uso faccioso de programas sociales por parte del PRI en Veracruz que a la postre llevaría al presidente de ese partido, Gustavo Madero, a proponer una reforma electoral cuyo eje central sería centralizar la organización de las elecciones para impedir que los gobernadores afectaran la equidad de la contienda.

El comunicado del PAN tiene razón al mencionar conductas ilícitas que siguen ocurriendo, pero el Congreso no tiene como misión garantizar la 'legitimidad' de los procesos electorales. Justo para evitar la interferencia de actores con intereses políticos, se creó el Instituto Federal Electoral en 1990 (hoy INE) y sus pares estatales, así como los tribunales en la materia y las fiscalías especializadas. Si además de esas enormes burocracias se mete el Congreso a revisar la organización de las elecciones, lejos de ayudar, estorba. El Congreso en cambio tiene la misión de legislar en materia electoral, asunto que ha hecho con un enfoque equivocado.

La segunda reiteración de las últimas semanas –también vinculada a temas electorales– es pedir que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) examinen a los candidatos para evitar la infiltración del crimen organizado. El presidente del PRD dijo: “Queremos pedirle a la PGR y Segob que revise los perfiles de los candidatos, que diga si existen investigaciones, señalamientos y que el INE reciba esos informes y se vuelvan inelegibles las personas señaladas”. Por su parte, el presidente del PAN dijo que estaba “solicitando a la PGR y a la Segob que en caso de que existan indicios fundados de vínculos ilegales den vista al INE y al partido político para que no proceda su registro”.

Sin embargo, lo único real y perdurable que se puede hacer para evitar tener narcocandidatos es ganar la guerra contra las drogas. Todo lo demás son buenos deseos pero irreales. Este discurso del blindaje electoral se escucha desde hace 15 años y es demagógico porque engaña. Primero, porque el Estado mexicano no tiene la capacidad para poder escanear a miles de candidatos durante cada proceso electoral. Dos, porque los responsables deben ser los partidos. Y tres, porque el mecanismo propuesto se prestaría a sospechas y acusaciones políticas. Si el gobierno veta a un candidato, por ejemplo, el partido afectado puede acusarlo de querer descarrilar a tal o cual por razones electorales. Pero si una vez en el cargo se descubre que un gobernante tiene vínculos con el narco, el partido afectado simplemente culparía al gobierno. Se trata de un mecanismo perverso y además inviable.

La PGR respondió, como era previsible, que “la atribución constitucional del Misterio Público de la Federación es investigar y perseguir delitos del orden federal, previa denuncia o querella, en la que se narren los hechos que se consideren delictivos”. Y que, aun habiendo una investigación en curso, no puede revelar la información contenida en los expedientes más que a personas que estén acreditadas para ello.

Agustín Basave, presidente del PRD, dijo que esto más bien se debía a que “el gobierno federal busca sacar raja política en caso de que haya algún señalamiento contra los abanderados de la oposición”. También añadió que “nosotros no tenemos el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), nosotros no tenemos esa información ni tenemos capacidad para generarla, el gobierno sí y debe compartirla con los partidos políticos más allá de coyunturas electorales”.

Twitter: @LCUgalde

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