Opinión

Must carry... ¿Must what?

Si la discusión sobre los alcances de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en relación al tema del must carry era, por decir lo menos, compleja e intrincada, con el añadido de que ha sido objeto en la última versión conocida del proyecto de decreto de ley reglamentaria, el tema cobra tintes que conducen al misterio y la ficción.

Como ampliamente se discutió en los largos meses de suspenso sobre los efectos de la reforma constitucional en el sector, la traída y llevada figura del must offer-must carry es una suerte de “derecho-obligación” que implica que todos los concesionarios de señal restringida suban a sus sistemas los canales de televisión abierta que califican para ello por el alcance de su señal. Ello representa un desafío muy importante a los principios rectores del derecho de autor, ya que, de acuerdo con nuestra regulación en la materia, quien produce una obra audiovisual, puede con toda libertad disponer sobre las formas de difusión y comercialización de su obra. Esta es la única forma en la que el monopolio legal constituido sobre la misma permite recompensar a quien invierte en producir contenidos. Bajo la figura del must offer-must carry, ese privilegio se disipa y cualquier concesionario podrá, y deberá, subir los canales abiertos de la televisión mexicana.

El asunto es que, de la forma en que la figura era concebida inicialmente, se ha pasado a una redacción farragosa, que al añadir la frase “sin menoscabo de los derechos de autor y conexos”, da lugar a toda clase de interpretaciones. Según el decir del legislador en la exposición de motivos, la idea es reconocer que también los concesionarios de sistemas de señal restringida que aprovechen la señal de los canales abiertos y los retransmitan, deban pagar “regalías” por comunicación pública a los autores y artistas que, entre otros, participan en la producción de la obra. Sin embargo, la primera duda es la de quién será el beneficiario de esta contraprestación, siendo que la titular de los derechos respectivos es la empresa productora que no está reconocida en la ley para cobrar ni por derechos de autor ni por derechos conexos.

La otra interpretación posible es que el precepto esté reconociendo que con la retransmisión no se puedan causar perjuicios al derecho de autor, lo que presupone que por ésta se deberá pagar. ¿Quién fija la tarifa? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Pretender aprovechar el trabajo ajeno, de manera gratuita, para “igualar condiciones de competencia”, lo único que provoca es, precisamente, condiciones injustas. Unos producen los contenidos para que otros los aprovechen gratuitamente y los revendan. Las limitaciones a los derechos de autor, por definición, son excepcionales y restringidas en tiempo y forma. Una vez más nos encontramos frente a un camino resbaladizo.

Uno de los problemas serios de legislar materias complejas y con tal volumen de contenido es que se cometen errores de técnica legislativa que acarrean interpretaciones erráticas y que diluyen las intenciones iniciales de una reforma. ¿Y ahora?

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