Opinión

¿Murió el Pacto?

Juan Antonio García Villa

Se dice que el llamado Pacto por México está muerto. Lo afirma una de las tres formaciones políticas que lo suscribieron. Concretamente el PRD. Las otras dos que lo firmaron en los primeros días de diciembre de 2012, al inicio de la actual administración, es decir, el PAN y el PRI, lo suponieron vivo. Surge entonces la pregunta: ¿sigue vigente ese Pacto o realmente ya falleció?

Para determinar qué realmente sucede, no puede haber mejor camino que acudir a su forma escrita. Por fortuna se le dio esta modalidad, la cual permite conocer no sólo su contenido, o sea, qué exactamente propone ese Pacto, sino también cuáles son sus alcances. En términos más simples: qué hacer para obtener qué. El Pacto lo dice.

Para ese propósito, por fortuna, se trata de un documento notoriamente más técnico que literario. Incluso razonablemente bien estructurado.

Quienes lo diseñaron, y todavía más: quienes lo redactaron, tomaron sus precauciones. Buen cuidado tuvieron al darle forma de no comprometerse demasiado y correr con ello el riesgo de no contar con los medios o instrumentos necesarios para asegurarse que se alcanzarán sus resultados previstos.

En otras palabras, advirtieron claramente que proponer las reformas -constitucionales y legales- y aun lograr su aprobación, no es suficiente.

Con frecuencia se pasan por alto los medios. Suele decirse que resulta relativamente sencillo proponer “los qués”, pero el problema para tener éxito está en “los cómos”. No fue el caso.

Como se sabe, aunque ahora se ha olvidado, pero cuando el Pacto fue una novedad mediática se dijo y mencionó hasta el cansancio, que éste propone 95 reformas o políticas públicas específicas. Y las enuncia una a una, hasta completar ese número. Van en cinco “acuerdos” por materias específicas o “ejes temáticos”, como con cierta pedantería se suele decir ahora. A saber: sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y gobernabilidad democrática.

Entre los mencionados en el segundo apartado está “realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca del desarrollo”, la cual plantea “fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado”. Para lograrla, dice: “Se mejorará y simplificará el cobro de impuestos. Asimismo se incrementará la base de contribuyentes y se combatirá la elusión y la evasión fiscales”. De igual manera: “Se eliminarán los privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación fiscal. Se buscará reducir el sector informal de la economía. Se revisará el diseño y ejecución de los impuestos directos e indirectos”.

Procede ahora preguntarse si la reforma hacendaria, tal como quedó aprobada en noviembre pasado, reúne -o no- los elementos, requisitos, extremos, como se les quiera llamar, previstos por el Pacto. Su impacto, apenas en poco más de un mes, ha sido francamente brutal en importantes sectores de la población. En este capítulo legisladores y dirigentes priístas y perredistas, cómo olvidarlo ahora, fueron literalmente de la mano. Y tal reforma, contra viento y marea, se aprobó.

Viene lo anterior a cuento porque -cauto- el Pacto hace una clasificación de sus 95 reformas o políticas públicas en función de si queda aprobada, o no, la multimencionada reforma hacendaria. El planteamiento es razonable. No es posible exigir que una política pública resulte exitosa, vaya ni siquiera viable, si los medios, recursos, para aplicarla o ser desarrollada le son negados.

Al repasar una a una desde esa óptica las 95 políticas públicas, el propio Pacto señala que 49 no dependen de la reforma hacendaria, pero sí 46, prácticamente una de cada dos. De estas últimas dice que su “implementación completa está sujeta a la aprobación de la reforma hacendaria”. Lo cual significa que si ésta no hubiera sido aprobada, de todas maneras 49 de las políticas públicas no estarían en riesgo de ser afectadas, pero sí 46. Ahora bien, como la dicha reforma hacendaria quedó finalmente aprobada, significa entonces que la totalidad, las 96, políticas públicas señaladas por el Pacto deben, en principio, resultar no sólo viables sino exitosas. Cabe ahora preguntar al PRD, por lo comprometido que está en el tema, si el Pacto -como afirma- está muerto.